Tras la aprobación del Decreto Supremo 5727, legisladores insistieron este viernes 25 de septiembre en que todas las empresas estatales en Bolivia que presenten déficit deben ser cerradas.
Argumentaron que estas entidades solo fueron creadas para proporcionar espacios laborales a personas del anterior gobierno.
El diputado Alejandro Reyes consideró necesario esperar a identificar qué empresas deben ser liquidadas y qué mecanismos se implementarán para hacerlo.
Sin embargo, enfatizó que cada día que pasa representa un mayor gasto, por lo que es inadmisible que las empresas deficitarias sigan operando.
“La primera (que debe cerrar) es la de las papas fritas porque no hemos visto ni una bolsa. Las demás que han demostrado que no tienen ningún sentido, pues por supuesto que se tienen que cerrar, Quipus entre ellas, que no hemos visto ni una sola tablet”, declaró el legislador.
Según Reyes, el único fin de las empresas estatales era crear espacios laborales para militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que nunca compitieron en sus rubros ni generaron utilidades para el Estado. “Lo que querían era botines políticos”, sentenció.
Por su parte, el diputado Edgar Zegarra coincidió en que la mayoría de las empresas estatales solo funcionaron para hacer negociados con dirigentes sindicales y autoridades estatales pasadas. Según su criterio, estas instancias ya demostraron que no tienen ningún beneficio.
El pedido de cerrar empresas estatales deficitarias resonó durante varios días entre los legisladores. La diputada Julieta Jiménez declaró recientemente que el cierre debió efectuarse hace tiempo debido a que “solo desangran la economía del país”.
Jiménez también mencionó que las únicas empresas estatales que necesitan una inyección de recursos son Mi Teleférico y Boliviana de Aviación (BoA), argumentando que no puede contemplarse su cierre debido a su importancia para la población.
El Gobierno publicó, minutos antes de la medianoche del jueves, el Decreto Supremo 5727, el cual “declara de prioridad del Órgano Ejecutivo, la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado”. Este decreto marca un paso significativo hacia la reestructuración del sector estatal en Bolivia.
