EN BOLIVIA DETIENEN RAPIDAMENTE A LOS QUE TRASGREEDEN LA LEY, PERO EVO MORALES, ES INTOCABLE EN EL CHAPARE: ¿POR QUÉ EL ESTADO NO PUEDE EJECUTAR SUS ÓRDENES DE CAPTURA?
EL PODER DEL CHAPARE: EVO MORALES SIGUE LIBRE PESE A LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN. ¿QUIÉN MANDA EN EL CHAPARE? EVO MORALES SIGUE LIBRE Y LA JUSTICIA NO LOGRA EJECUTAR SU CAPTURA. EVO MORALES Y EL DESAFÍO AL ESTADO: ÓRDENES DE CAPTURA QUE SIGUEN SIN CUMPLIRSE
EVO MORALES: DOS ÓRDENES DE CAPTURA Y UN ESTADO QUE NO LOGRA EJECUTAR LA JUSTICIA
El caso abre un debate nacional sobre poder político, control territorial y capacidad del Estado para hacer cumplir las decisiones judiciales
COCHABAMBA.– Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba pese a enfrentar órdenes de aprehensión vigentes y procesos judiciales de alta sensibilidad política.
La situación plantea una pregunta que trasciende la figura del expresidente: ¿por qué el Estado boliviano no consigue ejecutar una orden judicial en un territorio donde tiene presencia institucional?
La Fiscalía informó en mayo de 2026 que un tribunal de Tarija ordenó nuevamente la aprehensión y el arraigo de Morales, después de que no se presentara al inicio del juicio por el proceso de trata de personas con agravante, relacionado con una adolescente. El tribunal también lo declaró en rebeldía.
PERO LA CAPTURA NO SE CONCRETÓ
Meses después, el panorama se complicó todavía más. En julio, la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión contra Morales dentro de una investigación relacionada con las movilizaciones y bloqueos registrados entre mayo y junio, en la que se lo señala por presuntos delitos que incluyen terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Estas son acusaciones en investigación y no equivalen a una condena judicial.
¿IMPUNIDAD O IMPOSIBILIDAD OPERATIVA?
La explicación oficial y pública apunta principalmente a las dificultades para ejecutar las órdenes en el Trópico.
Una investigación de EFE publicada en agosto señaló que la Policía no había ejecutado las órdenes debido a la falta de condiciones consideradas necesarias para evitar un enfrentamiento con los seguidores del expresidente, que mantienen una estructura de protección alrededor de Morales en su bastión político.
AQUÍ APARECE EL PROBLEMA CENTRAL.
Una cosa es que un ciudadano cuestione una decisión judicial. Otra muy distinta es que exista una orden de captura y que el Estado no pueda hacerla efectiva porque alrededor del acusado existe una organización capaz de impedir físicamente la intervención policial.
El debate, por tanto, ya no es únicamente jurídico. Es un problema de autoridad estatal.
EL CHAPARE Y EL PODER TERRITORIAL
El Trópico de Cochabamba constituye desde hace décadas la principal base sindical y política de Morales. Allí las organizaciones cocaleras tienen una enorme capacidad de movilización y mantienen una estructura territorial que le ha permitido al expresidente permanecer en la región.
Esto no significa que todos los habitantes del Chapare estén vinculados con actividades ilícitas. Tampoco puede afirmarse que la producción de coca sea automáticamente producción de cocaína.
Sin embargo, el crecimiento de las preocupaciones nacionales e internacionales alrededor del narcotráfico en zonas productoras de coca plantea la necesidad de que el Estado fortalezca el control institucional, la lucha contra el tráfico de drogas y la investigación financiera de las organizaciones criminales.
La discusión debe realizarse con evidencia y no mediante generalizaciones contra los productores de coca.
UNA PREGUNTA INCÓMODA PARA EL ESTADO
El caso Morales ha creado una situación difícil de ignorar:
Si existe una orden judicial, ¿quién impide que se cumpla?
La propia Fiscalía ha señalado que la ejecución de las órdenes de aprehensión corresponde a la Policía Boliviana.
En julio, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, sostuvo que los mandamientos vigentes deben ser ejecutados por la Policía, mientras Morales calificó las acciones judiciales como una persecución política.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que la captura se ejecutará cuando existan condiciones de seguridad y prudencia.
Es decir, el Estado reconoce la existencia de las órdenes, pero la ejecución continúa pendiente.
¿EXISTE PROTECCIÓN POLÍTICA?
Esta es probablemente una de las preguntas que más circulan en la opinión pública.
Hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente para afirmar como hecho probado que el Gobierno esté protegiendo políticamente a Morales para impedir su captura.
Lo que sí está documentado es la existencia de un fuerte respaldo sindical y político en el Trópico y la dificultad que la Policía ha señalado para ejecutar las órdenes sin provocar una confrontación.
Por ello, hablar de una conspiración de protección política requeriría pruebas adicionales.
Pero existe una realidad que nadie puede ignorar: un dirigente político con órdenes de aprehensión permanece en un territorio donde sus organizaciones tienen capacidad de movilización suficiente para dificultar una operación policial.
Ese hecho constituye, por sí mismo, un desafío para la institucionalidad boliviana.
EL CASO DE TRATA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El proceso relacionado con la adolescente también exige precisión.
La Fiscalía sostiene que existe una acusación formal por trata agravada de personas y que el proceso debe continuar. Morales y su defensa rechazan las acusaciones y han denunciado persecución política. Además, la joven vinculada al proceso presentó escritos en los que afirmó que no fue víctima de trata y pidió que el proceso sea retirado; la Fiscalía rechazó esa solicitud y mantuvo vigente la acusación.
Por tanto, corresponde a la Justicia establecer la verdad de los hechos, no a los medios de comunicación.
Lo mismo ocurre con las acusaciones relacionadas con terrorismo y alzamiento armado: mientras no exista sentencia firme, deben ser presentadas como imputaciones o acusaciones dentro de investigaciones judiciales.
EL VERDADERO PROBLEMA: LA AUTORIDAD DEL ESTADO
Más allá de Evo Morales, el caso deja una pregunta histórica para Bolivia:
¿Puede el Estado garantizar que una decisión judicial se cumpla en cualquier punto del territorio nacional?
Si la respuesta es sí, corresponde que las instituciones encuentren el mecanismo legal y operativo para ejecutar las órdenes sin provocar violencia.
Si la respuesta es no, el problema adquiere otra dimensión.
Porque ninguna democracia puede funcionar adecuadamente si una persona, independientemente de su poder político, puede permanecer indefinidamente fuera del alcance de una decisión judicial.
El Estado tiene la obligación de actuar dentro de la ley, respetando el debido proceso y evitando enfrentamientos que puedan poner en peligro vidas humanas. Pero también tiene la obligación de garantizar que las resoluciones judiciales no queden simplemente archivadas por falta de capacidad operativa.
EL CHAPARE NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA ZONA AL MARGEN DE LA LEY
El debate tampoco debería convertirse en una confrontación contra los productores de coca ni contra la población del Trópico.
EL PROBLEMA ES OTRO.
Ninguna región de Bolivia puede quedar al margen de la Constitución, las leyes y las decisiones de los tribunales.
El Chapare necesita desarrollo, seguridad, infraestructura, empleo y oportunidades económicas legales. Y los productores de coca también necesitan que el Estado diferencie claramente entre la producción legal y las actividades vinculadas al narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico, además, debe alcanzar a toda la cadena: producción de coca desviada hacia mercados ilícitos, fabricación de cocaína, transporte, lavado de dinero y redes de protección.
LA HORA DE LAS INSTITUCIONES
El caso Evo Morales se ha convertido así en una prueba para la institucionalidad boliviana.
No se trata solamente de detener o no detener a un expresidente.
Se trata de determinar si la Justicia puede hacer cumplir sus decisiones, si la Policía puede actuar dentro del territorio nacional y si las organizaciones políticas y sindicales aceptan que ninguna persona está por encima de la ley.
Bolivia necesita respuestas institucionales y no enfrentamientos.
La solución tampoco puede ser política ni una operación destinada a satisfacer a un sector contra otro. Debe ser jurídica, transparente y respetuosa del debido proceso.
Porque si las órdenes judiciales no se cumplen, la pregunta que queda instalada en la sociedad es inevitable:
¿Dónde termina el poder político y dónde comienza el poder del Estado?
