LA PAZ, BOLIVIA — 2 de octubre de 2026 — En una sesión de urgencia, la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un proyecto de ley corta que modifica el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público.
Esta reforma introduce un mecanismo legal para la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado y faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para intervenir de forma directa en la designación de un suplente interino.
Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto fue remitido inmediatamente a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior promulgación.
El ajuste normativo surge como una respuesta inmediata del Órgano Legislativo para frenar el vacío institucional tras la reciente aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, quien se encuentra plenamente implicado en una presunta red de protección vinculada al narcotraficante Sebastián Marset.
La medida también busca anular las pretensiones de Luis Montaño, el fiscal de materia más antiguo, quien había intentado autoproclamarse interino amparándose en la legislación anterior.
La nueva legislación establece los siguientes puntos clave:
• Mecanismo de Suspensión: La ALP podrá disponer la suspensión definitiva de la máxima autoridad del Ministerio Público si esta cuenta con una imputación formal o medidas cautelares personales por delitos graves que conlleven privación de libertad. La suspensión requerirá el respaldo obligatorio de dos tercios de los votos de los legisladores presentes.
• Designación del Interino: En la misma sesión en que se dicte la suspensión, el Legislativo designará directamente a un Fiscal General Interino por un periodo máximo de 90 días, saltándose los procesos habituales de selección pero manteniendo la exigencia de los dos tercios de votación.
• Mandato de Desmantelamiento: La ley estipula expresamente que el fiscal interino tendrá la misión prioritaria de desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a la causa que originó la destitución o suspensión del titular.
Con esta aprobación, el Poder Legislativo boliviano busca asegurar la continuidad institucional y la transparencia en el sistema judicial, enviando una señal contundente en la lucha contra la corrupción y la influencia del crimen organizado dentro de las estructuras del Estado.
