La “Tierra de la Integración Nacional” enfrenta una emergencia por la acumulación de residuos. El conflicto tiene como detonante el incumplimiento de compromisos sobre el camino Caico–Cotapachi y crece la presión para que Alcaldía y Gobernación encuentren una solución inmediata.
QUILLACOLLO.– La ciudad de Quillacollo, conocida como la “Tierra de la Integración Nacional” y reconocida internacionalmente por la festividad de la Virgen de Urkupiña, atraviesa nuevamente una grave crisis por la acumulación de basura en calles, mercados y diferentes sectores del municipio.
El cierre del ingreso al botadero de Cotapachi, provocado por la protesta de comunarios que exigen el cumplimiento de compromisos relacionados con el asfaltado de la carretera Caico–Cotapachi, dejó prácticamente paralizado el servicio regular de disposición de residuos.
El problema ya no es solamente un conflicto entre autoridades y comunarios: la basura se convirtió en un problema de salud pública y contaminación ambiental que afecta directamente a la población.
Reportes recientes señalan que Quillacollo llegó a acumular aproximadamente 680 toneladas de residuos sólidos durante los primeros días del nuevo bloqueo, mientras el municipio genera alrededor de 170 toneladas de basura diariamente.
UNA CIUDAD CONVERTIDA EN BOTADERO
La acumulación de residuos ha generado focos de contaminación en calles, mercados, unidades educativas y otros espacios públicos. Durante anteriores jornadas del conflicto también se reportó afectación en establecimientos de salud, debido a la acumulación de residuos hospitalarios.
La situación ha provocado preocupación entre vecinos y comerciantes, que demandan una respuesta inmediata de las autoridades.
El conflicto se remonta a la carretera Caico–Cotapachi, cuyos trabajos fueron paralizados. La obra comenzó en noviembre de 2025 con un presupuesto reportado de al menos Bs 17 millones y una extensión aproximada de 5 kilómetros. Los comunarios sostienen que existen compromisos incumplidos respecto a la continuidad de los trabajos.
ALCALDÍA Y GOBERNACIÓN, EN EL CENTRO DE LOS RECLAMOS
Mientras la Alcaldía de Quillacollo y la Gobernación de Cochabamba buscan establecer responsabilidades sobre el retraso de la carretera, los efectos recaen sobre miles de ciudadanos.
La propia información difundida durante el conflicto muestra que ambas instituciones tienen participación en el proyecto Caico–Cotapachi, mientras que desde la Alcaldía se ha señalado que parte del presupuesto comprometido ya fue cancelado y que cualquier reajuste económico debe ser analizado técnicamente con la Gobernación.
De esta manera, el conflicto de fondo no solamente es el bloqueo del botadero, sino también la falta de una solución definitiva a una obra que los pobladores consideran fundamental para Cotapachi.
OTRO INTENTO DE DIÁLOGO TERMINA SIN SOLUCIÓN
En las últimas horas, las instituciones intentaron nuevamente encontrar una salida al conflicto. Una primera mesa de diálogo convocada con participación de la Gobernación, Alcaldía y otras instituciones no logró concretar acuerdos, en un encuentro en el que, según reportó Los Tiempos, dirigentes de Cotapachi no asistieron.
Posteriormente, Gobernación y comunarios acordaron realizar una inspección técnica interinstitucional en el botadero, con participación de representantes de Cotapachi, autoridades departamentales y municipales y equipos técnicos. La inspección se realiza este viernes 2 de octubre y busca establecer las condiciones del vertedero y el cumplimiento de las disposiciones ambientales.
La Gobernación anunció además la elaboración de un informe técnico sobre la situación.
¿QUIÉN RESPONDERÁ POR LA SALUD DE LOS QUILLACOLLEÑOS?
La pregunta que comienza a instalarse con fuerza entre la población es quién asumirá la responsabilidad por las consecuencias de una crisis que se repite una y otra vez.
El problema de Cotapachi no es nuevo. El acceso al botadero ha sufrido múltiples bloqueos y la Alcaldía llegó a denunciar que el actual conflicto constituye uno de los varios cierres registrados durante este año.
La situación incluso llegó a los tribunales. Una acción popular promovida por el Gobierno Municipal de Quillacollo obtuvo tutela constitucional para proteger los derechos colectivos vinculados con la salud pública y el medio ambiente y evitar nuevos bloqueos del acceso al botadero.
Sin embargo, pese a esa determinación, el conflicto volvió a producirse.
PIDEN INVESTIGAR POSIBLES RESPONSABILIDADES
En medio de la creciente preocupación, sectores de la población y representantes legales plantean que se determinen responsabilidades por la crisis ambiental y las consecuencias que pudiera tener sobre la salud pública.
El abogado Eduardo Mérida, quien durante años ha representado a sectores de Cotapachi en conflictos vinculados con el medio ambiente y el botadero, ha cuestionado en anteriores oportunidades la gestión de los residuos en esta zona y advertido sobre sus posibles efectos ambientales.
En el actual escenario, corresponde que cualquier denuncia sobre posibles delitos ambientales o atentados contra la salud pública sea investigada por las autoridades competentes y determinada por la justicia, estableciendo individualmente si existieron acciones u omisiones que configuren responsabilidad penal.
QUILLACOLLO NO PUEDE SEGUIR VIVIENDO ENTRE BASURA
La crisis de Cotapachi expone una realidad que ya no puede ser ignorada: Quillacollo necesita una solución estructural para sus residuos y una solución definitiva para el camino Caico–Cotapachi.
No basta con retirar temporalmente cientos de toneladas de basura de las calles cada vez que se levanta un bloqueo. Tampoco basta con convocar nuevas reuniones que terminan sin acuerdos.
La población necesita respuestas concretas.
Alcaldía y Gobernación deben transparentar los compromisos asumidos, el estado financiero y físico de la carretera Caico–Cotapachi, el futuro del botadero, las medidas de protección ambiental y el plan de emergencia para evitar que la basura continúe acumulándose en las calles.
Quillacollo, la ciudad de la Virgen de Urkupiña y símbolo de integración nacional, no puede convertirse en una ciudad sepultada por sus propios residuos.
La emergencia exige diálogo, cumplimiento de compromisos y una solución definitiva antes de que la crisis ambiental se transforme en un problema sanitario de mayores dimensiones.
