Bolivia se apresta a recibir el año 2026 en medio de una de las crisis más profundas de su historia reciente: económica, social, política, ambiental y energética.

El año 2025 concluye marcado por una escalada de conflictos sociales, protestas sectoriales y un creciente malestar ciudadano frente a un modelo económico agotado que castiga principalmente a las familias más vulnerables.

La imposición del Decreto Supremo 5503, calificado por amplios sectores sociales como hambreador, saqueador y entreguista, ha generado un fuerte rechazo en la población. Esta norma, lejos de ofrecer una salida estructural a la crisis, ha consolidado una nueva estructura económica que encarece el costo de vida, debilita la soberanía sobre los recursos naturales y abre la puerta a medidas como un gasolinazo encubierto, que golpea directamente a los hogares de escasos recursos mediante el alza de precios en alimentos, transporte y servicios básicos.

Bolivia sigue siendo un país pobre y dependiente, que continúa esperando dádivas y créditos de los organismos internacionales, sin un proyecto serio de industrialización ni generación de empleo digno.

Los gobiernos de turno —incluido el actual y, con mayor responsabilidad histórica, los gobiernos de Evo Morales— desperdiciaron años de bonanza económica sin sentar las bases de un desarrollo sostenible. Se olvidaron de producir, de industrializar y de diversificar la economía.

Como consecuencia, el país enfrenta hoy una explosión descontrolada de la economía informal, que crece sin límites, sin protección social y sin condiciones laborales dignas. Millones de bolivianos sobreviven en la precariedad, mientras el Estado carece de políticas públicas efectivas para transformar esta realidad.

La crisis no es solo económica. Es también política e institucional. Los gobernantes han demostrado una alarmante falta de propuestas, planes y visión de futuro.

No existe una hoja de ruta para modernizar Bolivia, fortalecer la producción nacional, impulsar la tecnología, cuidar el medio ambiente ni garantizar seguridad energética a largo plazo.

En lugar de soluciones estructurales, el país es gobernado con improvisación, parches y discursos ideológicos vacíos, mientras la población enfrenta desempleo, inflación, inseguridad y una creciente desesperanza social.

Bolivia no necesita más decretos impuestos ni medidas que carguen el peso de la crisis sobre el pueblo; necesita liderazgo, planificación, transparencia y un verdadero proyecto de desarrollo nacional.

De cara al 2026, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién propone una Bolivia moderna, productiva y soberana?

Hasta ahora, los gobernantes de turno han demostrado que no tienen ni propuestas ni capacidad para sacar al país de la crisis. (FAUSTO COLPARI)