Cochabamba, Bolivia.– Diversos sectores políticos, sociales y analistas de la ciudad de Cochabamba condenaron y repudiaron la conducta del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, a quien acusan de utilizar de manera irresponsable su cuenta en la red social TikTok para insultar, difamar, amenazar y desacreditar sin pruebas a autoridades, dirigentes sindicales y actores políticos del país.

De acuerdo con las críticas, Lara mantiene una actitud soberbia, agresiva y autoritaria, llamando “corruptos” a dirigentes sindicales, autoridades municipales y nacionales, sin presentar denuncias formales ante las instancias judiciales correspondientes, recurriendo en cambio al escarnio público y la descalificación personal como mecanismo de presión política.

Entre los hechos más graves señalados, se encuentra la amenaza directa al presidente Rodrigo Paz, así como las intimidaciones a un diputado nacional, quien anunció que hará respetar la honorabilidad de su familia frente a los ataques verbales del vicepresidente. Asimismo, Lara lanzó acusaciones reiteradas contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sin respaldo legal ni pruebas documentadas.

El analista político y abogado constitucionalista Dulfredo Flores advirtió que la conducta del vicepresidente no solo es reprochable en el plano ético, sino que podría tener consecuencias legales y constitucionales. En ese marco, sugirió iniciar un juicio de responsabilidades contra Edmand Lara por dañar la imagen de las instituciones del Estado, promover el quiebre del orden constitucional y por presuntamente incurrir en el delito de traición a la Patria.

Flores afirmó que Lara habría realizado acuerdos irregulares con empresas chinas, supuestamente a cambio de juguetes, hecho que –de confirmarse– atentaría contra los intereses nacionales y la soberanía del país. “Con este tipo de conductas, la democracia boliviana está en serio peligro”, sostuvo el analista.

Finalmente, sectores críticos exhortaron al vicepresidente a respetar la investidura del cargo que ocupa, actuar dentro del marco de la Constitución y las leyes, y cesar el uso de redes sociales como instrumento de confrontación, amenazas y desinformación. Advirtieron que Bolivia no puede normalizar el abuso de poder ni la degradación del debate democrático desde las más altas esferas del Estado.