Periodistas, el movimiento cívico, políticos de la oposición, gremiales e integrantes de plataformas rechazan el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, porque atenta contra todas las libertades democráticas e implica “un grave riesgo” para las actividades financieras, comerciales y civiles.
El proyecto de ley fue aprobado en grande y detalle en la Cámara Baja y pasó al Senado para su tratamiento. Se prevé que esta semana sea debatido.
Entre los artículos más observados está el 11, relativo a la exención de secreto de confidencialidad. Ese artículo señala que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pida información que será obtenida “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, las asociaciones de Periodistas de La Paz, de Oruro y de Potosí, y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia rechazan ese artículo de la norma.
Los otros sectores, además, objetan el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, porque involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.
Estos artículos, el 11 y 17, junto a los otros 57 que contiene el proyecto prendieron las alertas.
El bloque de “comités cívicos del sur” de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija sacó un comunicado de rechazo al proyecto de ley, porque “atenta contra la libertad, la propiedad privada y el secreto profesional”.
Comunidad Ciudadana presentó siete puntos que objetan el proyecto, entre los que están: que se subalterniza a la Fiscalía como una parte más del Órgano Ejecutivo, se da poderes sancionatorios a la UIF, se otorga “superpoderes” de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna.
Para Creemos, el proyecto de ley es un atentado grave a la democracia, viola las garantías judiciales y convierte a la UIF en un instrumento de represión estatal, por lo que convoca a toda la sociedad a manifestarse y rechazar su aprobación.
La Confederación Nacional de Gremiales también rechazó la norma y advirtió que en caso de aprobarse, “saldrán a pelear” a las calles. “Ojalá que (el presidente Luis Arce) lo anule, porque de lo contrario va a tener problemas”, afirmó el dirigente Francisco Figueroa.
Las plataformas ciudadanas, a través de un pronunciamiento emitido el 18 de septiembre tras su congreso nacional, rechazaron la aprobación del proyecto y anunciaron una lucha en las calles “hasta su abrogación”.
