El asambleísta Jaime Osvaldo Flores (MOP) demanda que la Procuraduría General del Estado haga conocer a la sociedad boliviana el resultado de su investigación puesto que en el mismo estaría estableciendo responsabilidad de parte del gobernador en errores cometidos en el proceso de adjudicación de 41 ambulancias a través de la empresa Estafal Logistics.

Anunció que solicitarán que la representación regional informe si se apersonó en los procesos abiertos en el Ministerio Público.

La Gobernación de Potosí había adquirido 41 motorizados, una para cada municipio potosino, pero anuló el contrato debido a irregularidades durante todo el proceso.

El asambleísta dijo que extraoficialmente conocieron que la Procuraduría ya había terminado la investigación.

Entre los resultados, que dijo esperan confirmar, está la responsabilidad del gobernador Jhonny Mamani en este proceso.

Asimismo, el documento establecería que la Asamblea Legislativa Departamental también se constituya en parte civil en todos los procesos contra los responsables del “proceso irregular”.

Finalmente, la Procuraduría establecería que el “proceso fue irregular y que la Gobernación tenía la obligación de resolver el contrato y cobrar las garantías”.

“Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la MAE, el RPC, los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción conforme se evidencia en el presente informe”. 

La MAE es la Máxima Autoridad Ejecutiva, el RPC es el Responsable de Procesos de Contratación y el informe del que se extrae ese párrafo es el que emitió la Procuraduría General del Estado (PGE) luego de haber investigado el fallido proceso de compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí. La MAE es el gobernador, Jhonny Mamani.

¿Procedimientos burocráticos o ineficiencia? El asambleísta departamental Osvaldo Jaime Flores debió esperar un mes y cinco días para recibir el informe del gobernador, Jhonny Mamani, respecto a las 41 ambulancias. En fuentes de la gobernación, se mostró los sellos de “recibido” para demostrar que las respuestas fueron enviadas oportunamente, así que la falla estaría en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

La petición de informe fue presentada el 10 de febrero con la referencia “adquisición de equipos 41 ambulancias tipo 1, en el marco del plan frente al rebrote y tercera ola covid”. Según el sello de recepción, la nota fue presentada a las 11:33 de esa fecha. No tuvo respuesta, así que Flores presentó una segunda nota, el 4 de marzo, esta vez como “reitera petición de informe”. Como se trataba de la segunda nota, el asambleísta solicitaba que, al no haber respondido a la primera, se conmine al gobernador a que presente su informe.

En la gobernación, se mostró documentación enviada por la ALD y solo aparece la nota del 4 de marzo, en fotocopia, acompañando a la que fue enviada por el presidente de la asamblea, Marcial Ayali Villca, pero esta tiene fecha del 7 de marzo y en el sello se puede ver que se presentó al día siguiente; es decir, 8 de marzo. Esta última nota es escueta y de mero trámite, simplemente dice que se remite la petición de informe de Flores, sin hacer referencia a que es la segunda ni mencionar conminatoria alguna.

La respuesta del gobernador a la petición de informe tiene sello de recepción del 11 de marzo pero llegó a la presidencia de la ALD recién el 14. El asambleísta peticionario la recibió al día siguiente.

Fuentes de la asamblea señalaron que los plazos de trámites administrativos están determinados por normativa interna que, por la burocracia que representa, está en proceso de renovación; es decir, se está trabajando en una nueva, con plazos más cortos. En ese sentido, se dijo que se respondió en los plazos que prevé la norma.

Aparentemente, los retrasos se producen debido a la falta de firmas, especialmente cuando los trámites ingresan a las comisiones de la asamblea, ya que no siempre se puede encontrar a los integrantes para que las firmen.

Pero estos retrasos no son la única queja de la reducida oposición en la ALD. La asambleísta Azucena Fuertes asegura que en las sesiones de la asamblea se ha suprimido la lectura de correspondencia y es por ello que no se conocen muchas cosas, como las respuestas en casos como el del jefe de gabinete, Edwin Amézaga, sobre quien recae la sospecha de que no tiene título profesional. En este caso, la Universidad Autónoma Tomás Frías ya habría respondido, pero ese documento no fue leído en el pleno.

En el caso de las 41 ambulancias, los retrasos afectan a la fiscalización que debería ejercerse desde la Asamblea Legislativa Departamental.