Viernes, 29 Marzo 2024
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PERU: La justicia dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo

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La justicia peruana dictaminó que el expresidente Pedro Castillo, destituido el 8 de diciembre por el Congreso, debe cumplir 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de "rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública". La orden dada por el juez Juan Carlos Checkley se conoció en medio de un agravamiento de la crisis interna.

El Gobierno provisional de Dina Boluarte decretó el toque de queda en 15 provincias por cinco días como parte de las facultades que otorga el estado de emergencia vigente por 30 días desde el pasado miércoles. Los choques entre policías y manifestantes que reclaman la libertad del maestro rural y una convocatoria anticipada a elecciones generales han provocado hasta el momento 17 muertos.

En este contexto tuvo lugar la audiencia que decidió la situación de Castillo. Checkley aseguró en su pronunciamiento que existen además elementos que sustentan que buscaba modificar el régimen constitucional e intervenir el sistema de justicia y otros estamentos.

De acuerdo con la Fiscalía, que ha pedido 10 años de cárcel como condena, las evidencias de los cargos que se le imputan son contundentes porque el propio exmandatario convocó a las Fuerzas Armadas cuando ordenó cerrar el Parlamento, una medida que, sostuvo la parte acusadora, buscó dar un golpe de Estado.

Al comprobar que el intento no prosperaba, Castillo buscó refugiarse en la embajada de México en Lima. El abogado de oficio del expresidente negó que su representado haya intentado asilarse en esa legación diplomática a pesar del ofrecimiento mexicano.

Castillo señaló en su breve alegato que se encontraba "injusta y arbitrariamente detenido". El presidente de la Sala Suprema Permanente, César San Martín, le impidió seguir hablando porque, dijo, ese no era el espacio para lanzar "proclamas".

El Congreso deliberó sin resultados para responder al pedido de Boluarte de modificar el calendario electoral. Las discusiones, que tuvieron como telón de fondo la audiencia judicial y las protestas, continuarán este viernes.

La mandataria interina volvió a renovar su solicitud a una legislatura reacia a aceptar que los nuevos comicios se realicen entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

"Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo", dijo.

Boluarte carece de base política y social. Su estabilidad es precaria. "Ni la violencia ni el radicalismo acabará con un Gobierno legal y legítimo", aseguró.

"No hay espacio para el miedo; sino para la valentía, unidad y esperanza de un país que merece más de sus políticos", añadió.

Según el diario El Comercio, "las consecuencias de la escalada de sangre y destrucción desatada por quienes no están conformes con la restitución del orden constitucional, por otra parte, no pueden ser la imposición de su agenda política e ideológica a los millones de peruanos que la rechazan".

Lo que se esperaría de Dina Boluarte, añadió, "es una posición clara y tajante frente a esas dos circunstancias". Sin embargo, "no ha sido eso lo que hemos obtenido". La mandataria provisional ha ofrecido para la publicación "demoras, despropósitos y ambigüedades que solo ha contribuido al clima de incertidumbre que impera en el país".

En tanto, el diario capitalino 'La República' estimó que la respuesta oficial ante los conflictos desatados "no puede limitarse a la reposición del orden público".

Las decisiones adoptadas hasta el momento en el Palacio Pizarro, la sede del Ejecutivo, han sido "tardías" y "limeñas", un modo de señalar que solo han contemplado las expectativas de la elite política y económica afincada en el principal distrito peruano, pero que no tiene en cuenta los intereses de los habitantes del sur, los que primero se han movilizado tras la destitución de Castillo.

Para La República, Boluarte debería "persuadir y bosquejar otras opciones más allá de procurar tener a los clásicos vencedores de siempre y los perdedores de toda la vida". En ese sentido, llamó al Gobierno a "establecer primero que existe una protesta legítima y también vándalos que van a querer sacar provecho de la agitación".

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