Jurado de los Estados Unidos encuentra culpable a Sanchez de Lozada por muertes en Bolivia

El jurado de Fort Laderdale (Florida) declaró ayer culpables a Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por haber maquinado un plan para matar personas en octubre de 2003 en Bolivia.

 

Esta instancia, conformada por 10 miembros, extendió su deliberación desde la pasada semana hasta que ayer llegó a un veredicto en el juicio civil, interpuesto por ocho familias de las víctimas del denominado “octubre negro”.

Se determinó que ambas exautoridades bolivianas deberán pagar una compensación económica de casi 10 millones de dólares a los demandantes; empero, el juez James I. Cohn tiene hasta el próximo 4 de mayo para dar un fallo final ratificando lo conocido ayer o revocando lo determinado, en algunos aspectos.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados y publicada después de conocerse la sentencia del Jurado, expresaron su desacuerdo con el dictamen que los encontró “responsables” por las muertes en octubre de 2003.

“No estamos de acuerdo con el Jurado y creemos que la prueba era tan escasa que nunca debería haber llegado a esta instancia. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la Ley se aplique correctamente”, dice la declaración escrita por los abogados Stephen Raber y Ana Reyes.

En cambio, la abogada de los demandantes Judith Chomsky (de la Escuela de Abogados de la Universidad de Harvard) señaló que el hecho de que el jurado de la Corte declaró como responsables a las dos exautoridades “es fundamental para el movimiento de los derechos civiles de todo el mundo”.

Diversos reportes señalaron que la decisión del Juez podría darse a conocer el 4 de mayo; sin embargo, tras ser consultada sobre el tema, Chomsky dijo: “No tenemos idea de cuándo dará su decisión final”.

Sentencian a Goni y Sánchez Berzaín y pagarán $us 10 millones por ocho muertes

El jurado, que comenzó a deliberar el 26 de marzo, anunció ayer su veredicto en un tribunal de Florida. El juez James I. Cohn, que dictó el fallo, podrá hacer “ajustes” hasta el 4 de mayo, pero no modificará la sentencia.

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 - 2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fueron sentenciados por el fallecimiento de ocho de las 68 víctimas mortales de la Guerra por el Gas (2003) y pagarán 10 millones de dólares.

Hace 14 años, Goni y Sánchez Berzaín autorizaron a las Fuerzas Armadas de Bolivia reprimir una movilización en contra de la venta de gas a Estados Unidos (EEUU) a través de puertos chilenos. Murieron 68 personas y 400 resultaron heridas.

La denominada Guerra del Gas motivó a que ambas exautoridades nacionales renuncien a sus cargos, salgan de país y soliciten asilo en Estados Unidos, donde residen desde 2003.

Si bien las víctimas mortales superaron el medio centenar, los familiares de solo ocho del total interpusieron una demanda contra las dos exautoridades: Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.

El jurado estadounidense, que comenzó a deliberar el pasado 26 de marzo, anunció ayer su veredicto en el tribunal de Fort Lauderdale de Florida.

Al tratarse de un juicio civil, los acusados no recibieron una sanción de carácter penal, sino que pagarán una indemnización económica (10 millones de dólares) establecida por el juez en favor de los familiares.

La abogada Judith Chomsky, miembro de la Escuela de Abogados de la Universidad de Harvard, señaló que, hasta el cuatro de mayo, el juez del caso, James Cohn, emitirá un fallo final, debido a que la defensa de Goni y Sánchez Berzaín apeló la decisión del jurado por “inconsistencias”.

La asesora en comunicación del equipo de abogados demandantes, Jen Hessel, explicó que el próximo cuatro de mayo "pueden cuestionar el procedimiento por el que un jurado llegó a una decisión, pero no pueden cambiar la sentencia final”.

Hessel añadió que, debido a que la Corte Federal decidió juzgar el caso bajo la Ley de Protección Contra las Víctimas de Tortura (TVPA), “tiene un tratamiento especial”. El objetivo de esta ley es “castigar” a gobernantes por abuso de poder y proteger a la sociedad civil de matanzas y ejecuciones en masa.

 Los juristas que defendieron a ambas exautoridades en el juicio civil instaurado en Estados Unidos emitieron un comunicado en el que rechazan la decisión del jurado de la Corte de Fort Lauderdale.

"No estamos de acuerdo con el veredicto y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente", decía uno de los párrafos.

Aclararon que la determinación de ayer “es un paso en ese proceso”, pero no es la última etapa.

Añadieron que los eventos en Bolivia en 2003 fueron trágicos para todos los bolivianos, "incluidos nuestros clientes. Desde ese momento, el presidente y su ministro de Defensa solicitaron una investigación independiente y exhaustiva de lo sucedido".

 Los familiares de las víctimas de Octubre Negro, tras conocer el veredicto del jurado en el juicio civil en contra de las exautoridades, dijeron que la decisión muestra al mundo que Goni hizo "masacrar" al pueblo boliviano.

Eloy Rojas Mamani indicó que, gracias a la decisión del jurado, “el mundo entero conocerá de ese trágico suceso que los abogados de los demandados no podían tapar con un dedo".

 

Rojas es padre de Marlene Nancy Rojas Ramos, de ocho años de edad, que el 20 de septiembre de 2003 fue asesinada con un disparo en el pecho cuando se asomó a la ventana del cuarto de su madre.

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