Gobierno reitera que la compra de mochilas nació “amañado y direccionado”

El representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ever Veizaga, reitero que el proceso de contratación de las mochilas nació “amañado”, por lo tanto merece una investigación profunda y se prevé la aprehesion de muchas personas involucrados en este acto de corrupción.

 

“Este proceso ha sido direccionado para la Asociación Accidental 26 de Febrero. Cómo es posible que una empresa tenga el don de la adivinación y en agosto compre mochilas con especificaciones técnicas que salieron en noviembre”, manifestó.

Siguió: “Pero los propietarios ya habían adivinado todo ello y la cantidad de mochilas que serían para el nivel inicial y primario. Está claro que hay funcionarios públicos involucrados. Consideramos que el Ministerio Público tiene que emitir aprehensiones”.

Veizaga señaló que el apersonamiento del Alcalde como querellante no lo va a eximir de responsabilidad en el proceso. “Cualquier persona puede constituirse en querellante, pero eso no le quita la responsabilidad de haber cometido el hecho”, finalizó.

Leyes y los representantes de la empresa fueron denunciados por contratos lesivos al Estado y otros delitos.

El alcalde José María Leyes salió ayer, una semana después de la denuncia de la compra irregular de mochilas chinas, a intentar frenar la polémica con la decisión de suspender el pago hasta que se esclarezca el caso, pero la investigación continúa y el delegado del Ministerio de Justicia y Transparencia, Ever Veizaga, considera que la Fiscalía tiene que emitir las órdenes de aprehensión.

La concejala Rocío Molina (MAS) destapó la compra de mochilas chinas presuntamente a 26 bolivianos, pero por las que el municipio estaba dispuesto a pagar 100 y 145. Además, observó la compra anticipada que hizo la Asociación 26 de Febrero, en agosto y noviembre, cuando el pliego de especificaciones se publicó recién el 28 de diciembre.

Hasta ayer, el Alcalde se había mantenido al margen y con declaraciones escuetas del caso. Sin embargo, ayer, comunicó que decidió suspender el pago de 12,4 millones de bolivianos a la Asociación 26 de Febrero y responsabilizó a los medios de tergiversar la información, porque hasta ahora el municipio no pagó un centavo por las 91 mil mochilas.

“Hoy instruí a la Secretaría Administrativa Financiera que deje en suspenso el pago de la mochila escolar. Es decir, no se va a pagar a la empresa adjudicada hasta que concluyan las investigaciones (…) La Alcaldía no ha pagado un solo boliviano”, manifestó.

 

Asimismo, señaló que el viernes se apersonó al proceso para declarar en la Fiscalía. “Mi persona se presentó ante el Ministerio Público a través de un memorial para solicitar que se me tome la declaración informativa a fin de poder colaborar en el proceso de investigación iniciado por la concejal Molina”, agregó. Luego se retiró sin atender preguntas.

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