Mesa pide anulación del requerimiento de juicio del Fiscal

El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa pidió, este martes, al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del requerimiento de juicio de responsabilidades en su contra que solicitó el Ministerio Público por el caso Quiborax.

 

“Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado “Quiborax”, y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso, se sujeten a  los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en este proceso”, señala el petitorio de Mesa.

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero presentó este pasado lunes el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa, por el denominado caso Quiborax, luego que se cumplió el plazo de 30 días establecido de acuerdo a la normativa legal.

En su memorial Mesa sostiene que la Fiscalía admitió el caso sin tomar en cuenta elementos de juicio esenciales para determinar de manera independiente, imparcial, objetiva, transparente y justa la materia justiciable presente en el caso y atribuirle a quien corresponda.

“En fecha 9 de julio el Fiscal General del Estado ha admitido la Proposición Acusatoria del Procurador General del Estado, presentada en el caso denominado Quiborax. Esta admisión ha sido adoptada por el Fiscal General del Estado sin tomar en cuenta, previamente, elementos de juicio esenciales para determinar de manera independiente, imparcial, objetiva, transparente y justa la materia justiciable presente en este caso y a quienes corresponde atribuirla”, señaló Mesa en su página web.

De acuerdo a procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades, el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente.

Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Para Mesa, en la investigación se debe contemplar la fase de extinción de las concesiones mineras a Quiborax y la etapa de las negociaciones fallidas. Asimismo, dijo que se debe incluir el proceso de la defensa de Bolivia en este caso.

Por otro lado, explicó que también se incurrió en errores ante la falta de una convocatoria a testigos claves y la ausencia del expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, para que aporte elementos sobre la expulsión de Quiborax.

Entretanto, el magistrado Edwin Aguayo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), citado en ANF, informó que aproximadamente en 15 días la acusación ingresará a Sala Plena.

Aguayo, quien es miembro de la Sala Penal donde se ventilará el proceso contra Mesa, informó que previamente se hará un análisis del cumplimiento de requisitos formales y en base a ello presentarán un informe que se pondrá a consideración de Sala Plena.

La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

 

El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

Valora este artículo
(0 votos)
Visto 103 veces

VIDEOS BOLIVIA PRENSA

Visitantes en linea

Tenemos 126 visitantes y ningun miembro en Línea

12749249