Evelin Cossío, abogada de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, aseguró que en los 12 días de conflicto por la sede cocalera la Policía aprehendió a más de 100 productores y aseveró que el Ministerio Público ha sido incapaz de demostrar de manera objetiva que éstos hayan cometido delitos, por lo que muchos de ellos han salido en libertad.

De las 100 personas aprehendidas, 60 habrían sido procesadas por el ilícito de porte o portación y, en algunos casos, se ha tenido personas procesadas por asociación delictuosa.

Sin embargo, solo una de ellas, el dirigente Daynor Chuquimia, ha sido trasladado al penal de San Pedro con detención preventiva tras haber sido imputado por la supuesta comisión de ilícitos de porte o portación. Deberá aguardar dos meses de prisión preventiva en este penal.

“Durante todo este tiempo, el Ministerio Público no ha demostrado esos extremos. Bajo esas circunstancias, tras la razonabilidad que ha tenido la autoridad judicial, se ha determinado en muchos casos darles libertad pura y simple y, en otros casos, se les ha dado libertad domiciliaria”, comentó la abogada al programa A Media Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro.

El Viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aseguró la noche del miércoles que fueron identificados 30 productores de coca manejando y portando dinamita.

No obstante, la abogada de Adepcoca aseguró que la Fiscalía tiene la responsabilidad de la carga para demostrar la comisión o la participación de estas personas en dichos ilícitos y ella será la que cuestione dicha situación y observe la imputación que debe ser demostrada de forma individual.

“Debemos apegarnos estrictamente a lo que dice la ley”, comentó la Cossio y aseguró que, “si ellos han aprehendido alrededor de 30 personas, tendrían que decirme 'tal persona ha participado en tal hecho'. Ahora, si me dicen que las 30 personas estaban portando explosivos y solamente encuentran una dinamita, ya no hablaríamos del ilícito de porte y portación porque, para que se los acuse a los 30 de ese delito, tendría que habérseles encontrado dinamita a los 30”, comenta.

Durante la noche de ayer, se dieron a conocer los destrozos en el hospital de Adepcoca e, incluso, se vio a algunos policías al lado de civiles que portaban dinamitas, lo que llevó a cuestionar sobre la posibilidad de infiltrados.

Ante estos hechos, la abogada aclaró que no se ha iniciado ningún proceso debido a que “no existe la seguridad jurídica, no existe la protección que deben brindar las autoridades policiales. Todo se hace muy burocrático para presentar una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Y ni hablar de la Fiscalía porque no actúan con la debida seriedad”, añadió.

Comentó que, cuando se realizan este tipo de hechos de toma con explosivos, lo que su persona hace, como abogada, es concurrir a la Felcc para que puedan desplegar el personal policial y puedan aprehenderlos. Pero, en este tipo de casos, “la policía nunca se constituye a los efectos de poder aprehender en el mismo lugar del hecho a estos responsables”, dijo Cossio.

Sin embargo, ha confirmado la denuncia ante instancias internacionales y una reunión con el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que, mediante estas instancias, se investigue los actos y “atropellos” cometidos por el gobierno.

“Esto es a lo único que podemos recurrir porque en Bolivia, para los cocaleros de los Yungas en específico, no existen derechos, no existe justicia. Es patear aire cuando uno va a la Fiscalía o a la Felcc”, declaró Cossio.