El excívico Marco Antonio Pumari sigue en la cárcel de Uncía

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La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, ha denunciado que el exdirigente cívico Marco Antonio Pumari continúa preso en la cárcel de Uncía a la espera de ser trasladado a otro centro penitenciario una semana después de decretarse por orden judicial su traslado.

"El señor Pumari está preso con la posibilidad de que pueda ser transferido a la cárcel de Cantumarca. Él sigue todavía con esa posibilidad, pero están queriendo evitar(lo). Los presos de Cantumarca están siendo presionados para firmar un documento y que no se (produzca)", ha dicho Graz.

Las autoridades judiciales decretaron el 22 de diciembre el traslado de Pumari desde la prisión de San Miguel, situada en la céntrica localidad de Uncía, a la de Cantumarca, en el departamento de Potosí, tras conocerse la reducción de seis a cuatro meses del tiempo de prisión preventiva del líder cívico, acusado por cinco delitos en el marco de las elecciones del año 2019.

La presidenta interina de Comcipo, Roxana Graz, dijo entonces al conocer la noticia que era "un logro" y que en las siguientes 72 horas iba a realizarse el traslado. Una semana después de la decisión judicial, Pumari permanece en la cárcel de Uncía, según ha lamentado su defensa jurídica, en el municipio de Betanzos, considerado como uno de los principales bastiones del partido del gobierno Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, la esposa del líder excívico, María Isabel Cussi, confirmó que hasta este martes no se había emitido la orden de traslado, aunque no proporcionó más detalles. El abogado de Pumari, Rafael Montoya, estaría planteándose presentar una acción constitucional de libertad.

Con respecto a los codirigentes del movimiento, Graz ha denunciado este miércoles que, por el momento, "siguen en la clandestinidad" y ha mostrado preocupación sobre "la situación en la que se encuentran".

La presidenta del Comcipo se ha reunido este miércoles con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien ha hecho un llamamiento "a la unidad de toda Bolivia" para "luchar por la democracia, la libertad y la justicia contra la dictadura, el abuso y la violencia generada por un Gobierno tirano".

Calvo ha insistido en que " el gobierno busca la division para poder someter y así gobernar" a través de un "mensaje de odio, resentimiento y confrontación" y una "política de racismo y discriminación".

Tras su detención, la defensa de Pumari ha hecho sucesivos llamamientos para su puesta en libertad y ha convocado marchas para mostrar su rechazo ante la "persecución política" que, dicen, se vive en Bolivia.

Fuentes oficiales citadas precisaron que Pumari atacó las oficinas de la autoridad electoral aduciendo que en las elecciones de octubre de 2019 se había producido un fraude, dos días después de los comicios, en los que el expresidente Evo Morales resultó vencedor.

Por todo ello, Pumari fue acusado formalmente de los delitos de deterioro y destrucciones de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales. Quispe aprovechó para negar que se trate de una "persecución política", como lo denunciaron diferentes actores de la oposición y del movimiento cívico opuesto al Gobierno.

Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales y, más tarde, el ascenso a la Presidencia de Bolivia de Jeanine Áñez. El exmiembro el Comité Cívico está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.

La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.