Artimañas y chicana jurídicas impidem encarcelamiento de Merida

La chicana jurídica del alcalde Eduardo Mérida Balderrama se impuso, provocando la suspensión de dos audiencias de medidas cautelares con el pedido de los fiscales anticorrupción de su detención preventiva por delitos comprobados y graves daños económicos a la Alcaldía de Quillacollo.

 

Esta semana el alcalde Mérida debía concurrir a dos audiencias cautelares; una el pasado martes 30 a las 8.30 y la otra este jueves a las 9.00, que se cruzó con la audiencia del recurso de Acción Popular, interpuesto por la autoridad con el propósito deliberado de lograr incidentes a su favor.

Las nuevas audiencias fueron suspendidas para el 14 y 20 de junio a las mismas horas, por los presuntos delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, entre otros, que justifican su detención preventiva.

Según abogados y funcionarios municipales, las audiencias cautelares cuyas fechas fueron fijadas con la debida anticipación, dieron tiempo para urdir un plan para suspender las mismas, aprovechando el caso sensible del Playón de Marquina, cuya propiedad pasó a la familia Campos por dejadez e inoperancia del alcalde Mérida.

Trascendió que Mérida es propietario de 10 hectáreas en el Playón, gracias a una alianza o sociedad con la familia Campos, a quienes favoreció con una resolución de ampliar la mancha urbana hasta esos límites facilitando su criminal loteamiento.

“Los artificios de dilatación legal funcionaron con la presunta ayuda del juez Porfirio Alba, quien tendría a su hijo trabajando en la Dirección de Desarrollo Productivo de la Alcaldía de Quillacollo. La artimaña legal es la verdadera profesión de Mérida, colaborado por abogados venales de la ciudad de Cochabamba, a quienes contrató con recursos municipales”, dijo por su parte el abogado Ademir Muñoz.

Según antecedentes que cursan en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), el alcalde Mérida enfrenta 38 procesos penales, de los cuales 18 corresponden a su gestión y 20 cuando ejercía la profesión libre de abogado.

Entre los juicios sobresalen los delitos de extorsión, estafa, estelionato, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos, daño económico al Estado, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias, malversación de fondos, uso indebido de influencias, entre otros.

 

Al margen de esos procesos, Mérida junto a su esposa Jovanna Maldonado Villarroel y su cómplice y “mochilero” Richard Agreda Tórrez, son investigados por fiscales anticorrupción por el escandaloso caso de los “audios de la corrupción” donde se confirma extorsiones a empresas y proveedores, venta de cargos a 3.000 dólares, destrucción de trámites, aprobación de loteamientos y urbanizaciones ilegales y otros hechos delictivos al mejor estilo de los grupos mafiosos.

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