En Cochabamba inician proceso penal contra Jose Maria Leyes por seis delitos

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso de la compra de mochilas y útiles escolares, y presentó 10 pruebas ante la Fiscalía.

 

Dijo que halló indicios de irregularidades y favoritismo a la Asociación Accidental 26 de Febrero en la licitación de las mochilas y el material escolar, debido a que habrían sido compradas antes de que se lance la licitación para 2018.

El proceso penal fue instaurado por supuesto uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Además, por el mismo caso, la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Carola Arraya, presentó una denuncia contra Leyes en la Contraloría General del Estado y pidió una auditoría.

Molina informó que presentó como pruebas la convocatoria a licitación pública 09/2017 de la Alcaldía, el extracto del Documento Base de Contratación (DBC) para dotar materiales y suministros para educación, la reprogramación de plazos de la convocatoria y también la nota de adjudicación de la convocatoria.

Además, expuso el contrato firmado por el Alcalde con quienes ganaron la licitación, el padrón tributario de los ganadores de la licitación, el documento único de importación C1827 - útiles escolares, el importación C2787 - mochilas escolares, la factura emitida en China por la compra de las mismas y la factura por la adquisición de útiles escolares en el mismo país.

Aseguró que accedió a documentos de la Aduana, a través de una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo de la senadora Arraya.

La concejala del MAS dijo que la Asociación Accidental 26 de Febrero accedió a información privilegiada para comprar los materiales y mochilas “104 días antes (de que se lance la licitación) en China”.

Detalló que la licitación se lanzó el 28 de noviembre de 2017. Sin embargo, la Asociación Accidental ya habría realizado la compra de los útiles escolares el 16 de agosto y pagó por las mochilas el 7 de noviembre, 21 días antes. Además, el contrato se firmó luego de que llegó la mercadería.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, dijo que hay empresas que importan todo el año. Molina aseveró que el material ya contaba con el logo de la Alcaldía.

García expresó que eso se debe demostrar. “Con simples fotografías bajadas de internet no se puede comprobar nada. Espero que, en instancias judiciales, la misma empresa que ha presentado esta licitación pueda explicarlo”.

Agregó que el logo se diseñó recién en octubre.

Molina afirmó que la Alcaldía adjudicó los ítems “al mayor precio”. García manifestó que se presentaron tres empresas, de las cuales dos no cumplían con los requerimientos. Una no presentó muestras ni cumplió con las especificaciones de la garantía de seriedad y la otra no tenía las especificaciones técnicas.

Expuso una mochila, de material de menor calidad y logos despegados, propuesta por una de las empresas. Comparó el tema con las compras en Sacaba. “Ha licitado la compra de mochilas escolares y también se le dio a una empresa china”.

La concejala dijo que la adquisición les costó 2 millones de bolivianos a los importadores y la licitación fue por 12 millones. “No sabemos qué ha pasado con 10 millones”.

Las autoridades municipales dijeron que la empresa ve de dónde comprar, traer o fabricar el material. García aclaró que el precio referencial es el que establece el mercado, en base a cotizaciones, y “las empresas pueden ganar lo que vean conveniente, porque si digo que voy a comprar un cuaderno a 5 bolivianos, y le sale 10 centavos, es un tema netamente de la empresa”.

Molina acotó que las mochilas costaron 26 bolivianos puestas en Cochabamba y el municipio pagó 145. García, dijo que el costo referencial va de 100 a 145 y que si la concejala masista no comprueba sus denuncias debe renunciar.

Por el su parte el militante del MAS, ex vocero de Evo Morales y actual secretario General Ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, afirmó que, en la actualidad, los costos son de entre 115 y 180 bolivianos.

Sacó 30 bolivianos de una billetera y retó a Molina a adquirir una mochila con materiales.

“Hemos decidido enviarle a la señora Rocío Molina 30 bolivianos para que nos compre una mochila de 26 bolivianos y que, por favor, nos devuelva el cambio de cuatro bolivianos”.

Aseguró que la Alcaldía responderá ante el Ministerio Público con las aclaraciones respectivas. “Se trata por los menos de la vigésima denuncia de la concejala Molina y ninguna ha sido comprobada”.

Alcaldía se defiende y da Bs 30 a Molina para que compre mochila con material escolar

En el caso de la adquisición de las polémicas mochilas chinas, el secretario Ejecutivo de la Alcaldía de Cochabamba, Alex Contreras, rechazó las acusaciones de la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina, a quién le envió 30 bolivianos para que compre una mochila con material escolar.

Contreras refutó las acusaciones contra Leyes y dijo que se trata de denuncias inadmisibles, “no podemos entender como una autoridad que fue elegida por la población no conozca el precio de estos productos (mochila y material escolar)".

“Por esa razón hemos decidido enviar a la señora Molina 30 bolivianos para que nos compre una mochila de Bs 26 y que por favor nos devuelva el cambio de Bs 4”, añadió.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina formalizó ante el Ministerio Público una denuncia contra el alcalde José María Leyes por presuntas irregularidades en la adquisición de “mochilas chinas” para los estudiantes de  las unidades educativas públicas en Cercado.

Las mochilas y el material escolar que entregó la Alcaldía de Cochabamba en febrero fueron compradas en China antes de que se lance la licitación para 2018 y hubo favoritismo.

 

La concejala acusó de Leyes de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el proceso de licitación.

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