El almirante Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada, brindó ayer, jueves, su declaración ampliatoria por el caso de terrorismo, sedición y conspiración, en la cárcel de Patacamaya.

En la comparecencia ante los fiscales, según reveló su abogado, Ever Vera, Jarjuri se refirió a las conversaciones que hubo entre Evo Morales, Álvaro García Linera y exjefes militares, el 11 de noviembre de 2019, cuando los exmandatarios planeaban salir del país rumbo a México.

Jarjuri confirmó estas conversaciones y dio mayores detalles, pero fue más allá y habló de una llamada del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, al exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

“Reveló que fue testigo de una conversación del general Kaliman con Cocarico, para tratar de parar que no se incendie la ciudad de La Paz”, señaló Vera, abogado de Jarjuri.

Contó incluso que esta comunicación se realizó con el teléfono de su defendido, el almirante Jarjuri.

“Del teléfono de Jarjuri llamaron en varias oportunidades al celular de Cocarico. No contestó a las dos primeras, creo que lo hizo a la tercera o cuarta, y ahí le pasó el teléfono al general Kalimán, quien haciéndose a un lado habla con Cocarico. El motivo de la llamada era para pedirle que impida que los campesinos que bajaban de El Alto enciendan La Paz”, contó el jurista.

Este relato coincide con lo que había mencionado el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, quien reveló que Morales amenazó a Kaliman con acusarlo de la quema de la ciudad de La Paz si no autorizaba la salida de su avión a México y que debía comunicarse con Cocarico.

En su declaración, Terceros dijo que pidió a Evo frenar los actos vandálicos en La Paz y él le contestó: “yo ya no tengo control, el encargado es el ministro (César) Cocarico, llámenlo a él y lleguen a un acuerdo”.

El domingo 10 de noviembre, tras la dimisión de Morales, se habían producido las quemas de las estaciones de los buses Pumakatari, de las casas del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, y de la periodista Casimira Lema.

Además, el lunes 11 de noviembre, en El Alto, una turba incendió las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).