La Ley del Presupuesto General del Estado 2024 entró en vigencia este 31 de diciembre de 2023, luego que fuera publicada en la Gaceta Oficial tras 60 días sin aprobación Legislativa.

La ley 1546 prevé crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71%, una inflación de 3,60%, estabilidad del tipo de cambio y una inversión pública de $us 4.274 millones, entre otros previsiones.

También establece el acceso a un crédito de $us 700 millones para enfrentar “perturbaciones exógenas, desastres y/o emergencia nacional, crisis sanitaria, cambio climático y otros de naturaleza similar”, y un aporte de capital de Bs 276 millones para el estatal Banco Unión.

Además, da paso a la posibilidad de que las empresas públicas concreten alianzas estratégicas con firmas nacionales o extranjeras, y a la emisión de títulos valores de hasta $us 2.000 millones, “para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”.

En la ley vigente se aclara: “Por cuanto, habiendo transcurrido el término de 60 días sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2024, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículos 164 de la Constitución Política del Estado, entrega en vigencia a partir de su publicación”.

El parágrafo 11 del artículo 158 prevé, específicamente, en lo relativo a atribuciones del Legislativo “aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo.

Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

El tratamiento y aprobación de la ley del presupuesto no fue terminado en el Legislativo. En Diputados se aprobó con modificaciones, al igual que en el Senado, lo que obligó a que vuelva a Diputados y se abra la posibilidad, como ocurrió con el presupuesto reformulado de 2023, vaya a sesión de Asamblea por falta de acuerdos.

El documento establece un crecimiento del PIB de 3,71%; una inflación del 3,60%; una inversión pública de $us 4.274 millones; un resultado fiscal de -7,80%; y estabilidad en el tipo de cambio que -como años anteriores- se mantiene en +/-10.

Establece un presupuesto agregado con un crecimiento del 7,3%, de 317.129 millones de bolivianos a 340.318 millones de bolivianos; y un presupuesto consolidado que se incrementa en 8,9%, de 243.950 millones de bolivianos a 265.558 millones de bolivianos.

También garantía asignaciones presupuestaria para los bonos y la subvenciones a los hidrocarburos y alimentos.