El Gobierno suspendió este miércoles la presentación del carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos y privados hasta el 26 de enero, ante las aglomeraciones que se generaron en los puntos de inmunización contra el covid-19.
“Las instituciones públicas, privadas, personas naturales, jurídicas nacionales y extranjeras no exigirán la presentación del carnet de vacunación contra la covid-19 hasta el día martes 26 de enero de 2022, norma establecida en el Decreto Supremo 4551 del 13 de enero de 2021 y modificado por el Decreto Supremo 4640 del 22 de diciembre de 2021”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una conferencia de prensa.
Explicó que el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias se vio obligado a tomar esta decisión “ante los problemas que han tenido los servicios departamentales de salud y los gobiernos subnacionales, especialmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz” en la administración de las vacunas por la gran afluencia de gente en los puntos de vacunación.
La exigencia de este documento, disponible mediante la aplicación “Unidos Contra el COVID” se encontraba vigente desde el 1 de enero en el marco de los Decretos Supremos 4640 y 4641 que establecen como requisito y documento oficial que acredita que las personas fueron vacunadas contra el COVID-19.
Con esta decisión, según Auza, se va a “favorecer” el proceso de vacunación y optimizar los centros de vacunación que hasta la fecha cumplen tareas de atender a las personas que requieren atención médica.
“Convencidos estamos que si contamos con el apoyo del pueblo boliviano, con la participación de todas y cada una de las autoridades, vamos a lograr salir adelante”, añadió el titular de Estado.
Durante los últimos días una gran cantidad de personas acudieron masivamente a los puntos de vacunación debido a la decisión gubernamental de exigir el carnet de vacunación o en su defecto la prueba PCR negativa para ingresar a instituciones públicas y privadas del país.
La medida fue cuestionada por diferentes sectores que incluso advirtieron con asumir medidas de presión para dejar sin efecto lo dispuesto ya que consideraban que se les “obligaba” a vacunarse y además estaban restringidos a ingresar a ciertas entidades para realizar trámites.
