El caso taladros de YPFB arde, caen muchas cabezas

Los coimputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes dentro del proceso de contratación de la italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros por $us 48,8 millones, aseguraron que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, autorizó a la gerente de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, a participar de todas las reuniones sin ser parte del Comité de Licitación.

 

Al término de la audiencia de medidas cautelares en la que se dictó la detención de Tellería en la cárcel de Miraflores, el fiscal asignado al caso, Ruddy Terrezas, dijo que  la procesada pidió ampliar sus declaraciones informativas, por lo que se considerará ese aspecto, así como el de convocar al presidente de YPFB, Guillermo Achá, en mérito a las últimas declaraciones de los coimputados.

“Son las declaraciones, el informe de Transparencia de Hidrocarburos, el informe de auditoría (de YPFB). Y de acuerdo a las últimas declaraciones de los imputados, Tellería tenía autorización de Achá para participar en todas las reuniones” manifestó el Fiscal.

El presidente de YPFB, Guillermo Achá,  tras las denuncias que realizó el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, sobre el proceso de contratación de los tres taladros, salió a defender la legalidad y legitimidad de dicho proceso. Posteriormente dijo estar dispuesto a ir a declarar ante el Ministerio Público las veces que sean necesarias.

La gerente de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, afirmó en audiencia de medidas cautelares no ser funcionaria pública, pero reconoció haber participado en la “administración” del proceso de contratación para la compra de tres taladros a la italiana Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación. La Fiscalía la apuntó como la mujer con “el poder soberano” sobre la estatal petrolera para participar de reuniones, contrataciones y otras actividades de alto nivel.

Durante la audiencia de medidas cautelares en la que se determinó la detención preventiva de la Gerente de YPFB Andina, por supuestamente haber influenciado negativamente en el curso del proceso de contratación y haber dado directrices para que Drillmec se adjudicara el contrato, Tellería Guzmán negó ser funcionaria pública y ser parte del Comité de Licitación.

Sin embargo durante su defensa oral ante la Jueza, dijo que participó de la “administración” del proceso, lo cual no es lo mismo que participar del proceso de contratación como tal, según especifican los reglamentos internos de YPFB.

“No soy funcionaria pública, no dependo de YPFB”, dijo Tellería quien señaló ser politóloga de profesión a punto a licenciarse en abogacía y con suficiente experiencia en la gerencia de empresas. Citó que antes de ocupar el cargo de Gerente de YPFB Andina trabajó en YPFB Corporación.

Sin embargo y a pesar de las aseveraciones de Carmen Lola Tellería Guzmán, la suspendida Gerente de YPFB Andina en su última declaración jurada presentada el 3 de agosto de 2016 –en pleno proceso de adjudicación de Drillmec- figura como dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El fiscal Ramiro Jarandilla dijo que la suspendida Gerente de YPFB Andina fue citada por todos los coimputados por el caso denominado taladros. “Ha sido sindicada y reconocida por todos los demás imputados de ser aquella persona que tiene el poder soberano sobre YPFB; la Gerente que tendría las potestades de participar en reuniones, de estar en la ciudad de La Paz las veces que sean necesarias”, aseveró.

A tiempo de fundamentar la imputación señaló que la procesada actuó de mala fe y no demostró en ningún momento tener la disposición de colaborar en la investigación, ni presentarse voluntariamente a prestar su declaración informativa.

“Carmen Lola Telllería el pasado sábado 10 de junio fue encontrada en Pocitos, frontera con Argentina y ya estaba a vísperas de abandonar el país (…). Al momento de ser aprehendida estaba portando su pasaporte y se tuvo que coordinar con funcionarios de Interpol que alertaron del hecho”, dijo.

Por todos esos antecedentes, el Ministerio Público pidió que la imputada sea encarcelada de manera preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores, con el propósito de evitar contacto con la otra coimputada, Cynthia Novillo, exGerente Legal Corporativa de YPFB, también detenida por el mismo caso, y también evitar que influya negativamente en otras personas que se encuentran investigadas.

Hasta la fecha se determinó la detención preventiva de siete funcionarios de YPFB entre los que se encuentran dos ingenieros petroleros del área de perforación, tres abogados del área legal, la exGerente Legal Corporativa y la exGerente de YPFB Andina, quienes habrían participado de un proceso irregular de contratación de Drillmec para la provisión de tres equipos perforadores por 148,8 millones de dólares.

Aunque el contrato fue rescindido por YPFB y se afirmó que no hubo daños al Estado porque no se habría desembolsado ni un solo peso a favor de la empresa italiana, todavía no se conoció si la compañía extranjera decidió ir a un proceso de arbitraje en contra de la estatal petrolera.

El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, brindó ayer su declaración informativa ante el Ministerio Público y fue liberado, dentro del proceso de contratación de la italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros por 48,8 millones de dólares.

Asimismo, Melina Lima, jueza Anticorrupción, determinó la detención preventiva, en la cárcel de Miraflores, de la gerente legal de YPFB-Andina, Carmen Lola Tellería, con lo que el caso ya derivó en la detención preventiva de siete personas de rango medio y directivo.

Los coimputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes aseguraron que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, autorizó a la gerente de YPFB Andina a participar en todas las reuniones sin ser parte del Comité de Licitación.

La Fiscalía fundamentó el pedido de detención preventiva, en la audiencia de medidas cautelares, porque concurren los riesgos procesales de fuga por no acreditar un arraigo natural y social en país, riesgo de obstaculización y posibilidad de influir en los coimputados.

A la conclusión de la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Ruddy Terrazas, en contacto con los medios reveló que, la ahora detenida preventiva, habría solicitado ampliar su declaración informativa que permitirá dilucidar su participación real en todo el proceso de contratación de la Drillmec para la construcción de los tres taladros de perforación.

Mencionó que todo su accionar tiene como base el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos además de las declaraciones de los coimputados, que la vinculan con el hecho.

“Son las declaraciones, el informe de Transparencia de Hidrocarburos, el informe de auditoría. De acuerdo a las últimas declaraciones de los imputados, Tellería tenía autorización de Achá para participar en todas las reuniones”, aseguró Terrazas.

De acuerdo con el fiscal, Tellería tiene una participación conjunta con el asesor legal de YPFB, Julio Kjari Nina, quien es una de las personas que habría suscrito el contrato por los taladros.

“Ella (Lola Tellería) no era parte del comité de licitación, no era parte de la conformación legal ni jurídica y asimismo habría influenciado sobre los jurídicos o legales como también en la parte técnica. Es ahí donde intervine su participación por el delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Ella misma ha reconocido en la audiencia que ha participado en varias reuniones, que ha hecho seguimiento a este contrato y obviamente que si al tener conocimiento ha admitido llevar adelante este proceso”, relató el fiscal Terrazas.

El 4 de abril pasado, Achá, en conferencia de prensa, pese a las irregularidades denunciadas por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, defendió el proceso de contratación y la adjudicación a la empresa italiana Drillmec. “Esta presidencia puede señalar que se ha obrado con absolutamente toda la transparencia necesaria en éste y todos los procesos de contratación que son realizados por YPFB”, aseguró en ese momento.

Asimismo, el 26 de abril el ejecutivo de YPFB negó tener responsabilidad en el proceso del caso taladros e insistió en que las unidades jurídica y administrativa son responsables de todo el proceso.

La Fiscalía ya envío a la cárcel a cinco funcionarios y dos responsables de gerencias.

 

En el proceso de medidas cautelares, el Ministerio Público planteó que Tellería aprovechó de sus funciones como servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación sin ser parte del Comité de Licitación o de las unidades solicitantes. Según lo expuesto en la audiencia, la imputada daba instrucciones al comité para favorecer a la italiana Drillmec con la adjudicación de los taladros.

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