Gobierno paga a la empresa chilena Quiborax $us 42,6 millones

El Gobierno boliviano cumplió el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y firmó un Contrato Transaccional para el pago de 42,6 millones de dólares a favor de la empresa chilena Quiborax, informó el jueves el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

 

Según Menacho, se logró reducir un 72% el monto inicial que pretendía cobrar la empresa chilena, que ascendía a 150,8 millones de dólares, y también una disminución de 25% al laudo del CIADI, de 57,2 millones de dólares, tomando en cuenta que Quiborax renunció voluntariamente al 20% de la indemnización total, 50% de los intereses y a 100% de los costos por el laudo.

"Hemos logrado una reducción del 72% del monto reclamado por esta empresa. El monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es 42,6 millones de dólares", dijo la autoridad.

La información fue brindada por Menacho, en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Minería, César Navarro, y un representante de la empresa Quiborax.

El Procurador manifestó que con esa acción se da estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano, bajo el Convenio CIADI y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre Bolivia y Chile.

"Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países" mencionó.

Por su parte, el Ministro de Minería lamentó que la única decisión política a favor del país que tomó el expresidente Carlos Mesa, en 2004, al recuperar las concesiones que tenía Quiborax en el Salar de Uyuni para explotar ulexita, haya sido asumida con un mal asesoramiento jurídico y derivara en el pago de indemnización a esa empresa chilena.

"Lamentablemente la única decisión política que tomó Carlos Mesa en su condición de Presidente, fue con un muy mal asesoramiento jurídico y nos ha llevado a este tipo de efectos económicos lamentables para nuestro país", dijo.

 

En su laudo, el Tribunal Arbitral del CIADI concluyó que la medida adoptada por el expresidente Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo 27589 de 23 de junio de 2004, no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso y no se llevó a cabo de conformidad con la Ley, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

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