Jhasmani Torrico denunció a 17 jueces que trabajaron en un consorcio de abogados corruptos

Jhasmani Torrico, considerado “abogado torturador” llegó este lunes a la Fiscalía de Cochabamba para revelar, como anticipó la semana pasada,  los nombres de los jueces y fiscales que eran parte de la red de consorcio que él lideraba. Para el Ministerio Público, el consorcio de fiscales, jueces y policías que habrían operado bajo la dirección de Jhasmani Torrico, son 17 los miembros de la red delictiva.

Torrico dijo a la prensa que informará a la Fiscalía nombres de jueces y fiscales involucrados en el consorcio y denunció que esa entidad presiona a testigos e implicados para que declaren en su contra.

Para el Ministerio Público, el consorcio de fiscales, jueces y policías habría operado bajo la dirección de este abogado.

“La diferencia es que, por la clase de trabajo que yo he hecho, puedo soportar una presión, siempre y cuando esté al lado de mi familia, pero ellos no están preparados para eso, van a hacer lo que sea para salir del problema, van a usar influencias”, dijo.

Luego denunció que “ya han llamado a dos de mis testigos, porque van a ir a declarar mis clientes con relación al dinero que han pagado para las resoluciones (judiciales) y ya los están molestando y son fiscales identificados, entonces ¿a qué están jugando?”, se cuestionó.

El mismo jurista procesado además por casos de tortura y extorsión confesó la semana pasada que la red suma por lo menos dos decenas de personas.

“De fiscales, por lo menos unas 20 personas; con jueces cautelares, tribunales, salas entre varones y mujeres, el dinero no hace exclusión de género”, dijo.

el abogado Jhasmany Torrico a la salida de la fuiscalia, dijo que cumplió con su palabra y brindó los nombres de otros 17 funcionarios del Órgano Judicial, entre jueces y vocales, que supuestamente participaron de su consorcio para transar con dinero el mejor destino para sus clientes.

El supuesto abogado torturador dijo: “Por el momento no podré darles los nombres porque la declaración no ha terminado. Hasta ahora, son 17 jueces nombrados de los que ya deben estar empezando a buscar la documentación. Los elementos probatorios, como yo he comprometido coadyuvar con el Ministerio Público, se van a entregar posteriormente”.

Acotó que les pagaba de “mil dólares para arriba” por torcer la justicia a su favor y que está dispuesto a someterse a pericias psicológicas para establecer la “veracidad” de su declaración.

Anticipó que como pruebas solicitará careos, presentará resoluciones y pedirá la “devolución” y apertura de los soportes digitales que le secuestraron. No hablará de policías relacionados con su consorcio, porque considera que la Policía “tiene un código de honor y no se puede estigmatizar a la institución. Si un policía comete un delito se juzga a la persona no a la institución”.

En la toma de declaraciones estuvo presente el asesor legal del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, quien tomó apuntes, pero no quiso revelar el nombre de ningún sospechoso, “para no entorpecer las investigaciones”.

 

Mientras se llevaba adelante la toma de declaraciones, decenas de integrantes de la Organización Nacional de Víctimas de la Corrupción (Onvico) marcharon frente a la Fiscalía con carteles y exigieron que se garantice la vida del abogado hasta que la información que haya brindado sea investigada y el Estado se deshaga de todos los jueces, fiscales y policías que forman parte de una red de corrupción que afecta a cientos de bolivianos. 

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