Venezuela sufre de una "grave alteración inconstitucional"

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ayer en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Es el texto más duro hasta la fecha del organismo internacional contra Caracas.

 

Bolivia, que presidía desde el sábado el Consejo Permanente, suspendió la sesión antes de que comience al calificarla de “inconsulta”; pese a la maniobra, 21 de los 34 estados lograron reunirse en asamblea extraordinaria y 17 aprobaron el texto.

Bolivia, Venezuela y Nicaragua abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión “ilegal” y un “golpe institucional”.

El documento contra Maduro fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. Se abstuvieron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

La convocatoria a la sesión de la OEA surgió después de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retiraron la inmunidad de los diputados.

El asesor jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó  que la sesión podía comenzar si había cuórum (un tercio de los 35 Estados miembros, es decir, al menos 12) y que, al no estar el presidente (Bolivia) ni el vicepresidente (Haití), le corresponde presidirla al embajador titular con más antigüedad: el de Honduras, lo que al final ocurrió y se aprobó el citado texto.

La resolución incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario” y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”.

Fuentes diplomáticas explicaron que se negocia la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema, pero aún no hay fecha.

El texto indica que pese a la reciente revisión de algunos elementos, es esencial que Venezuela asegure “la plena restauración del orden democrático”.

Los firmantes instan a Venezuela a “actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea”.

En el documento, expresan “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático”.

Indican además que las decisiones del Tribunal de suspender los poderes de la Asamblea “y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática”.

Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos “a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela”.

El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es “ilegal”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que con la adopción de la resolución “se dio un paso importantísimo para el restablecimiento de la democracia en Venezuela”.

El representante interino de Estados Unidos, Kevin Sullivan, indicó que “hay voluntad para tomar decisiones por el bien del pueblo venezolano” y que la resolución tiene apoyo de “los países más grandes del hemisferio”.

No obstante, admitió que “hay algunos países que han tenido una relación muy cercana con Venezuela y les cuesta un poco más ser parte plenamente de estas decisiones”.

Con la aclamación de 17 países -entre ellos Uruguay- y la abstención de cuatro naciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que, entre otras disposiciones, estipula la profundización de los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en Venezuela de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana.

La sesión sobre Venezuela tuvo a Honduras en la presidencia del Consejo Permanente, luego de que Bolivia -que realmente tiene la titularidad de ese órgano- suspendiera la reunión esta mañana.

Venezuela se retiró de sala al igual que Bolivia y Nicaragua, quienes se solidarizaron con el gobierno de Maduro.

La canciller argentina, Susana Malcorra, que está en Washington, fue la primera en hablar en nombre de los socios fundadores del Mercosur.

La diplomática argentina afirmó que el sábado 1 los cancilleres del Mercosur se reunieron para iniciar el proceso de aplicación de la cláusula democrática del bloque al gobierno de Nicolás Maduro. Malcorra explicó que ese procedimiento no significa la exclusión inmediata del país caribeño sino que pretende "acompañar" a Venezuela en su proceso de restablecer la democracia en el país.

Malcorra fue interrumpida por el embajador boliviano, Diego Pary, quien denunció que al realizarse la reunión se estaba dando un "golpe institucional" en la OEA. La convocatoria de la OEA "es trucha" e ilegal, denunció Pary, quien luego fue apoyado por el representante de Venezuela y Nicaragua en la cumbre. Hubo gritos, acusaciones y golpes de mesa en sala donde se desarrolla la sesión.

El embate del representante venezolano contra la canciller argentina causó la reacción del embajador argentino ante la OEA, quien mandó callar al venezolano. "Deje de hablar, hombre, déjeme hablar a mí", dijo el argentino.

El asesor jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, dijo previamente que era posible desarrollar la sesión extraordinaria porque había quorum (que se logra con un tercio de los 35 Estados miembros).

Al no estar Bolivia, presidente del Consejo, ni Haití que ostenta la vicepresidencia, la reunión debe ser presidida por el embajador titular con más antigüedad en la organización: Leónidas Rosa Bautista, de Honduras.

La convocatoria se planteó el viernes a solicitud de países luego de que el Tribual Supremo se atribuyera facultades legislativas y retirara la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados.

El orden del día llevaba incorporado la votación de un borrador de resolución que incluye las demandas más exigentes que han hecho los países de la OEA hasta ahora al gobierno de Nicolás Maduro.

 

El texto declaraba las sentencias como "una violación del orden constitucional" y resolvía la implantación de "mecanismos interamericanos" para la "preservación de la democracia" en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.

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