Chile gasto en el juicio de La Haya $us. 24 millones, en Bolivia el dato es un secreto

El Gobierno de Chile gastó 24,4 millones de dólares para defenderse de la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, principalmente en abogados y viajes, confirmó este martes la cancillería chilena.

 

En total, la factura ascendió a 16.120 millones de pesos (unos 24,447 millones de dólares) confirmó la cancillería a la AFP tras conocerse el fallo que desestimó la demanda de las autoridades bolivianas de que Chile tenía la obligación de sentarse a negociar una salida al mar soberana para Bolivia, un proceso judicial que duró 5 años.

El fallo pone fin así a las pretensiones del presidente Evo Morales de obligar a Chile a negociar su vieja aspiración de contar con una salida soberana al Océano Pacífico, que perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1883). El Tratado de 1904, firmado por los dos países, validó la pérdida por Bolivia de 120.000 km2 de territorio, entre ellos sus 400 km de costa.

Chile contrató un equipo de abogados especialistas en derecho internacional para apuntalar su defensa ante la CIJ. En el mismo figuraban dos ingleses, dos australianos, un francés, un estadounidense y una argentina, que se suman a la quincena de abogados, historiadores, diplomáticos, sociólogos y documentalistas chilenos que trabajaron en el caso.

El equipo estuvo dirigido por un agente, Claudio Grossman, que es uno de los 34 integrantes de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y exdecano de la Facultad de Derecho de la American University Washington College of Law (EEUU), así como dos coagentes y un coordinador.

En Bolivia, se informó que no se sabe cuánto pagó por el juicio porque es información confidencial "por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado", según lo establece el Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo del 2016, promulgado por el presidente Evo Morales.

 

La norma guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado y exime a esa institución de presentar su rendición de cuentas.

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