La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluó, la denuncia presentada por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo y que hicieron suya los congresistas Norma Yarrow, de Avanza País y José Cueto, de Renovación Popular. Estuvo presente también, el abogado del mandatario, José Palomino Manchego, quien solicitó estar en la sesión ante su ausencia.

Al finalizar las exposiciones, la presidenta de la subcomisión, congresista Rosío Torres Salinas (APP), precisó que habrá una siguiente audiencia en la que se invitará a los testigos y terminada la misma, podrán intervenir los congresistas.

Como se recuerda la denuncia constitucional 219, la presentaron los ciudadanos Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga y otros al Congreso. Lo que se hizo en la reunión fue analizar el informe de determinación de hechos, pertinencia de pruebas y recomendación de dicha acusación.

Según los fundamentos de hecho de la denuncia, los días 24 y 25 de enero, la cadena internacional CNN transmitió una entrevista al jefe del Estado. Durante la misma, él se refirió a la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.

Los congresistas Norma Yarrow y José Cueto sustentaron las razones por las que hicieron suya la denuncia. La legisladora presentó un video con imágenes editadas de varios hechos. Se apreció la entrevista al presidente por el periodista de CNN, así como a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y subtítulos precisando “nada es coincidencia”, “salida al mar” y “traición a la patria”.

Asimismo, hizo un recuento de supuestos hechos en los que el presidente Castillo participó y supuestamente alentó la salida al mar.

Por su parte el legislador José Cueto, hizo referencia a que su decisión para hacer suya la denuncia se basó en su experiencia como militar y no por el tema jurídico que ya expusieron los juristas “de primer nivel” que hicieron la denuncia. Sin embargo hizo alusión a la situación que se vive en el Vraem, lo que advirtió el abogado de Castillo, quien pidió copia del video y escrito de lo dicho por el congresista, porque no era parte de la denuncia, lo que lo dejó “en situación de indefección”.

El abogado del presidente Castillo, José Palomino Manchego, dijo al cerrar su exposición, “invoco la tolerancia política, a la decencia y docencia desde el punto de vista parlamentario, a trabajar no con pasiones sino de modo imparcial para que se reafirme la seguridad jurídica”, desde el Congreso.

“Concluyo por lo tanto pidiendo respetuosamente, que se archive lo de la materia”.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y en esa línea dijo que los medios probatorios son la transcripción notarial de la entrevista con CNN que no guarda relación con el video que hemos visto. Asimismo, los convenios que existen entre Perú y Bolivia y una moción del propio Congreso de la República con lo que quiero demostrar que estos hechos sobre traición a la patria, se vieron ya. Incluso en los archivos de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Asimismo, dijo que lo dicho por el mandatario fue una opinión y no hay delito por opinar según la Constitución de 1993. Hizo referencia a la defensa que hizo ante la moción de vacancia presidencial, por lo que se le estaría juzgando dos veces por algo que ya se trató entonces, en el punto 20. Lo cual es gravísimo, nuevamente “un refrito acá”. Y un tercer medio de descargo, refirió está en la falta de contexto de la denuncia constitucional.

De acuerdo a Epicentro.tv, aunque suene inverosímil, la citada denuncia tiene entre sus fundamentos una norma derogada hace 15 años.

“La Subcomisión de acusaciones constitucionales declaró procedente la denuncia tanto por infracción constitucional como por traición a la patria. En el segundo caso, citando como sustento un artículo del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar, promulgado el 24 de julio de 1980 que fue derogado el 10 de Enero del 2006. Y este último se derogó a su vez por el Código Penal Militar Policial promulgado el 1 de setiembre del 2010”.

“Llama poderosamente la atención que la denuncia constitucional presentada por un grupo de reputados abogados incluya entre sus fundamentos una norma que no está vigente. También que nadie en la Subcomisión de acusaciones constitucionales lo haya advertido y que se haya declarado procedente invocando expresamente una norma derogada; es decir, que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Un hecho que da luces sobre la acuciosidad de una de las comisiones más importantes del Parlamento”, precisa el portal periodístico.