El gobierno de Bolivia, través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció hace unos días que pediría un informe sobre la develación que hizo Meta, la casa matriz de Facebook, acerca de la desarticulación de cuentas falsas en el país.

Estas redes o granjas de trolls, según el documento ‘Reporte de Amenazas Adversarias’ difundido la semana pasado por el conglomerado estadounidense, operaban con el objetivo de manipular el debate político de manera coordinada, difundir mensajes oficialistas y atacar a los opositores.

Sin embargo, la ministra criticó que no se haya consultado previamente “a un gobierno electo democráticamente” y además puso en duda la credibilidad de Meta.

“Misteriosamente en relación a dos gobiernos de izquierda, misteriosamente digo porque realmente habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a ese tipo de conclusión e informes (…) Deberíamos exigir a plataformas virtuales como Facebook que exista más transparencia”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que la compañía no comunicó sobre este informe al país, pero que de manera interna la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), dependiente de esta cartera de Estado, está tomando acciones al respecto y se tendrían avances en el transcurso de la semana.

«Creemos que determinaron que son cuentas afines al partido gobernante porque el contenido que difunden es a favor de ellos», Juan Carlos Uribe, coordinador general de Fact Checking Chequea Bolivia.

Según los ejecutivos de Meta, encargados de difundir la investigación, se desmanteló una red conformada por 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram.

También se detectaron al menos 2,3 millones de cuentas que seguían una o más de estas páginas, cerca de 57.000 cuentas que se unieron a uno o más de estos grupos y al menos 23.000 cuentas que siguieron una o más de estas cuentas de Instagram. Los datos corresponden al cuarto trimestre de 2022.

Según la explicación que dio a la Voz de América Juan Carlos Uribe, coordinador general de la plataforma de Fact Checking Chequea Bolivia, Meta monitorea de forma automática o por denuncias si las publicaciones cumplen sus normas comunitarias y cuando no lo hacen las deshabilitan. En ese proceso detectaron que las cuentas que se desarticularon en el país estaban atacando sistemáticamente a otros.

“Creemos que determinaron que son cuentas afines al partido gobernante porque el contenido que difunden es a favor de ellos, resaltan sus logros y atacan a los otros”, dice.

El líder global de Inteligencia sobre Amenazas de Meta, Ben Nimmo, explicó que la investigación llevó a nexos con el actual izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) tras su regreso al poder en 2020 con el presidente Luis Arce. Además, se vinculó estas redes de desinformación a los denominados «guerreros digitales».

Meta indica que actuó en el marco de una “operación mixta”. “Para esto, usaron cuentas falsas, desde las cuales administraban páginas que simulaban ser medios de comunicación independientes, para dirigir a las personas a sitios web fuera de la plataforma y publicar y amplificar contenido con el objetivo de que parezca más popular de lo que en realidad era”, se lee en el informe.

En 2018 se conoció públicamente que se graduaron en Bolivia los primeros ciberactivistas del MAS, capacitados en edición de imágenes, video y otras actividades digitales. Estaban encargados de «responder» a los opositores y difundir la gestión del entonces presidente Evo Morales en las redes sociales, de cara a las elecciones de 2019.

En entrevista con la VOA, el director de la Fundación Internet Bolivia, Cristian León dijo que “se sabía de la existencia de estos ciberguerreros y que no es una práctica exclusiva de Bolivia.

«El Instituto de Oxford ha identificado estas estrategias en alrededor de unos 87 países, Entonces, no es algo anormal, pero sí es algo que no se puede justificar, dado que el Gobierno, el Estado no debería hacer gasto público para este tipo de acciones”, aclaró León.

También explicó que desde esta organización identificaron varios tipos de campañas que muestran un uso nocivo de las plataformas con discursos de odio y hostigamiento. “Estas acciones vulneran varios derechos y son antidemocráticas y en lugar de generar un espacio cívico dialógico se genera mayor polarización”.

Respecto a este grupo de ciberactivistas, Meta enfatizó: “Detectamos esta actividad como parte de nuestra investigación interna sobre sospechas de reporte masivo en la región. Nuestra investigación se benefició de los informes de código abierto.

“Aunque las personas detrás de esta operación intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con el actual gobierno boliviano y el partido Movimiento al Socialismo o MAS, incluyendo individuos que afirman ser parte de un grupo llamado ‘Guerreros Digitales’. Esta organización fue prohibida en nuestros servicios”.

“Sé cómo sacan plata, quién paga. Sé de qué canal saca la viceministra de Comunicación [Gabriela Alcón] plata para pagar de forma oculta estas cuentas”. Esa fue la polémica declaración que hizo el fin de semana el expresidente y líder del MAS, Evo Morales sobre el informe de Meta denunciando públicamente a esta autoridad del gobierno del presidente Luis Arce.

Según Morales, Alcón cobraba el 50 % de comisiones por contratos de publicidad y que con eso pagaba de forma oculta y sin facturar las cuentas falsas que Facebook detectó y eliminó.

Ante esta acusación, la viceministra respondió a través de su cuenta de Twitter: “Disponemos de cuentas oficiales en redes sociales que se encuentran funcionando con plena normalidad (…) Concentramos nuestra labor en la difusión de la gestión de gobierno. Desmentimos categóricamente el uso de recursos del Estado en fines que no se enmarquen en nuestras competencias”.

Morales también señaló por estas acciones a otras carteras de Estado y autoridades del actual gobierno y aclaró: “Estas cuentas desarticuladas no tienen vinculación con el MAS-IPSP y es responsabilidad del gobierno aclarar estos hechos, así como responder la razón de este proceder”.

Estas acusaciones se dan en un momento de tensión política, en que el partido oficialista evidencia una división en el interior de su organización, una con el expresidente Morales y otra con Arce, de cara a las elecciones generales de 2025.

En medio de este panorama el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea aseguró a la VOA que este informe no sorprende, porque desde hace mucho tiempo denunciaron el modus operandi de los “guerreros digitales” y la articulación con el Movimiento Al Socialismo.

“Los guerreros digitales son personas obligadas que están en instituciones públicas so pena de ser expulsadas si es que no hacen este trabajo sucio y además tiene que ver con empresas fuera del país que contratan gobiernos y les brindan este servicio de denigrar a los opositores y alabar a los oficialistas. Es el modus operandi de Cuba, de Venezuela, Nicaragua”.

Respecto a los informes anunciados por el gobierno, el parlamentario dijo que no se espera ningún resultado porque son “investigaciones en saco roto”, pero desde la oposición se promoverá interpelaciones a las autoridades señaladas.

En el “Reporte de Amenazas Adversarias” también se detalla que “al menos 1.100.000 dólares en inversión publicitaria en Facebook e Instagram, pagada principalmente en bolivianos” fueron empleados en Bolivia para difundir desinformación, atacar a la oposición y favorecer la gestión del gobierno.