El Día Mundial de la Libertad de Prensa llega hoy, 3 de mayo, en medio de preocupación por ataques constantes a periodistas y medios de comunicación en Bolivia y por normas que criminalizan su trabajo.

Hace tres semanas, el gremio se movilizó contra el artículo 281 del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Derechos Humanos, que aumentaba la pena de cárcel hasta 7 años por la “difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, descartando inmunidad o fuero, pese a la Ley de Imprenta vigente.

La Comisión de Derechos Humanos de Diputados decidió suprimir el artículo en cuestión, aunque en el gremio todavía esperan una comunicación oficial y apuntan a la Ley 045 contra el racismo.

“La Asociación Nacional de la Prensa ha ratificado que la pena de cárcel y las amenazas de clausura de medios de información están vigentes desde el año 2010 (…) Lo que se ha evitado es que la pena de cárcel suba de cinco a siete años, pero nuestra preocupación permanece aún debido a que esta norma (por la Ley 045) mantiene las penas de cárcel que son contrarias a la CPE y a la Ley de Imprenta”, remarca en Correo del Sur Radio FM 90.1 el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez.

“Todavía estamos esperando la notificación de la Comisión de Derechos Humanos (…) Y le recordamos al Gobierno que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha observado esta manera de penalizar la labor periodística”, manifiesta, por su lado, Zulema Alanes, presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia.

Los ataques permanentes a periodistas y medios de comunicación generan una alarma mayor. En lo que va del año, la Unidad de Monitoreo para la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP registró una veintena de casos.

El Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Unitas cuenta 32 vulneraciones a la libertad de prensa y 26 a la libertad de expresión.

Por separado, Chávez coincide con Alanes en que el Estado tiene el deber de frenar los discursos de odio y garantizar el cumplimiento de la libertad de prensa y expresión, pero remarca que es la población la que debe defender este derecho y a sus medios en cada ciudad.