El departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, cumple 12 días de paro indefinido por el censo en 2023 desbordada por la acumulación de basura y la escasez de combustible, en medio del cerco de sectores oficialistas que rechazan la huelga.

El paro que impulsan los sectores cívicos y el “cerco” que es promovido por grupos que defienden al Gobierno del presidente Luis Arce tienen a Santa Cruz en una situación crítica entre nuevos pedidos de diálogo.

En este marco, trascendió que las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron convocadas por Arce para participar en el asedio a Santa Cruz. El Gobierno busca que se produzcan choques violentos para justificar la acción del ejército. En ese sentido, en Santa Cruz, los manifestantes temen que los grupos de choque del MAS decidan cortar el suministro de agua y electricidad.

En tanto, grupos violentos avanzan desde la zona cocalera de Chapare hacia Santa Cruz.

Luis Arce, tomó juramento este martes al nuevo alto mando militar al que pidió defender al Gobierno “legalmente constituido a través de las urnas”, en medio del conflicto por la realización del censo de población que para el oficialismo es un intento de un “golpe de Estado”.

Los nuevos jefes militares juraron el cargo en un acto en la casa de Gobierno en La Paz presidido por Arce junto al vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

El general de Ejército Hugo Arandia es el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Gonzalo Vigabriel es jefe del Estado Mayor, el general Juan José Zúñiga el comandante del Ejército, mientras que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) está a cargo del general Marcelo Zegarra y la Armada Boliviana bajo el mando del contraalmirante Juan Arnez.

El lugar de las Fuerzas Armadas está en el seno de su pueblo que ha expresado su voluntad de convivir en paz y en democracia y cuya obligación es la de defender al Gobierno legalmente constituido a través de las urnas como la única vía legítima de alcanzar la conducción del Estado”, sostuvo Arce en su discurso.

El presidente agradeció a los jefes salientes y remarcó que es deber de los militares “resguardar la paz y el orden con apego estricto” a la Constitución.

Según Arce, “hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia poniendo en peligro la convivencia democrática entre bolivianos” y que “ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019″.

Alrededor de unas 10.000 toneladas de basura se han acumulado en las calles, exteriores de los mercados y debajo de los puentes, según los reportes de las autoridades municipales cruceñas que han alertado sobre el riesgo sanitario que esto puede generar.

Los contenedores que se suelen habilitar para hacer el recojo periódico de los residuos han rebasado por los cientos de bolsas plásticas que con el paso de las horas se multiplican y que atraen a los perros callejeros que dispersan los desechos.

En los principales mercados populares la escena es la misma, la basura atrae a moscas y mosquitos mientras que muchos de los desperdicios están agusanados a pocos metros de puestos de venta que ofrecen alimentos.

El ingreso al botadero de basura municipal ha quedado obstruido por grupos afines al Gobierno, lo mismo que el ingreso al parque industrial donde operan las empresas avícolas, de bebidas y medicamentos, entre otras, además de las refinerías que se encargan de la distribución de gasolina y diésel.

La situación continúa siendo dramática en las pocas estaciones de venta de combustibles en las que las filas de vehículos son interminables, lo mismo que las hileras de personas que aguardan un turno para llenar sus recipientes con algunos litros.

Mucha gente ha hecho guardia por un poco de combustible dos o tres noches, sin moverse de la fila, para estar pendiente del camión cisterna que suele llegar de imprevisto para la recarga en la estación que luego se agota en dos o tres horas.

Por la madrugada, unos 57 camiones cisterna fueron despachados hacia las estaciones de combustible por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) luego de “un acuerdo con los sectores movilizados”, informó la empresa.

Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que el flujo de los cientos de vehículos y personas disminuya.

En respuesta al “cerco”, los grupos que impulsan el paro han instalado barricadas en varios puntos de la ciudad principalmente en los sitios donde se cree que pueden ingresar las marchas de afines al Gobierno que advirtieron que llegarían hasta el centro de la ciudad.

Ante este escenario, los líderes cívicos de Santa Cruz y el Gobierno boliviano han manifestado nuevamente su intención de abrir un nuevo escenario de diálogo luego de los dos intentos anteriores en los que no hubo consenso para solucionar el conflicto.

Santa Cruz lidera los reclamos para que el censo poblacional se realice en 2023 y para que sus datos se apliquen en 2025, año en el que están previstas las elecciones nacionales.

Inicialmente, el Gobierno programó la encuesta nacional para noviembre de este año, pero luego la aplazó para 2024 argumentando fallas técnicas y la necesidad de “despolitizar” el proceso censal.

En un último acercamiento la semana pasada, el Gobierno propuso que el censo se realice en abril de 2024 con la distribución de recursos a los seis meses de conocerse los resultados generales o que una comisión técnica defina la fecha de la encuesta entre octubre de 2023 y abril de 2024. (Infobae)