Viernes, 29 Marzo 2024
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En Bolivia el presidente Luis Arce promulga la ley del presupuesto 2023

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 después de un dificultoso tratamiento y aprobación de la norma en el Legislativo, sobre todo por las diferencias internas en el oficialismo.

La norma fue firmada por Arce en la víspera, un día después de su aprobación en el Senado, informó este domingo el Viceministerio de Comunicación en un comunicado.

El PGE consolidado 2023 supera los 35.000 millones de dólares, un 3,8 % mayor al de 2022, y proyecta un crecimiento económico de 4,86 % y una inflación de 3,57 %.

El documento establece además una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares, un déficit fiscal de -7,49 % y la estabilidad cambiaria, y tiene como propósito garantizar la "sostenibilidad de las finanzas públicas" y "profundizar el proceso de industrialización".

La promulgación del PGE da "certeza y garantías para el funcionamiento pleno del Estado y la atención y servicios en salud, educación y otras áreas fundamentales", resalta el comunicado.

La ley del PGE 2023 pasó primero por la Cámara Baja, donde su aprobación demoró varios días por el rechazo de la oposición, pero también de una facción del oficialismo identificada como cercana al expresidente Evo Morales.

Los parlamentarios cercanos a Morales se opusieron a la aprobación del presupuesto argumentando que no tomaba en cuenta proyectos importantes, mientras que el bloque afín a Arce consideró que esa actitud buscaba perjudicar la gestión presidencial, por lo que hubo recesos para conseguir el acercamiento.

La norma finalmente fue aprobada por la mayoría oficialista y pasó al Senado, donde se analizó y aprobó el viernes, para su envío posterior al Ejecutivo.

Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos mantuvieron su rechazo al presupuesto al considerar que es "centralista" porque más del 80 % de los recursos se administran desde el nivel nacional de Gobierno y también cuestionaron la reducción de la inversión pública y el incremento del gasto público.  

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