Senadores de EEUU proponen sanciones para responsables de violencia en Nicaragua

Un grupo de senadores estadounidenses propondrá al Senado de su país imponer sanciones económicas y bloqueo de visas a las personas responsables de la violencia y de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua en los últimos dos meses, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales.

 

Sería una enmienda a la sección 1271 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2019 del país norteamericano y sería propuesta por el senador Robert Menéndez y respaldada por los senadores Ted Cruz, Bill Nelson, Marco Rubio y Dick Durbin.

Las sanciones que se impondrían, según la propuesta, estarían dirigidas a “cualquier funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona que actúe en nombre de ese gobierno”, que hayan sido responsables o cómplices de los actos de violencia o abusos graves a los derechos humanos hacia manifestantes, de dirigir acciones o políticas que socavan los procesos democráticos o instituciones en Nicaragua y de actos de corrupción como la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal o sobornos.

El documento establece que las sanciones en general serían el bloqueo de activos y la revocación de visados estadounidenses.

En el aspecto financiero, las sanciones incluirían “bloquear y prohibir todas las transacciones en todas las propiedades e intereses en propiedad” de los sancionados, en caso de que estas propiedades estén en los Estados Unidos, provengan de los Estados Unidos o estén bajo el control o posesión de una persona o entidad estadounidense. Estas no incluyen sanciones en la importación de bienes.

En cuanto a la exclusión de los Estados Unidos, las medidas implicarían la negación de visas o la revocación de cualquier visa existente.

Dentro de la propuesta de enmienda también se establece que a más tardar 180 días después de promulgada la NDAA, el Secretario de Estado presentará a las comisiones parlamentarias apropiadas un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en la corrupción pública o las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Incluiría a “miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial”, establece el documento.

También se especifica que un año después de la fecha de promulgación de la ley y anualmente, el Secretario de Estado deberá presentar ante el Congreso un informe sobre el avance del Gobierno en el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática, en el combate a la corrupción, incluso investigando y enjuiciando a los funcionarios de ese gobierno que presuntamente son corruptos; y en la protección al derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia.

 

En caso de que ese informe establezca que el Gobierno está tomando medidas efectivas en los temas anteriores, el presidente del Congreso podrá renunciar a la aplicación de las sanciones durante un año.

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