Mérida continúa con detención domiciliaria y sus fianzas ya suman Bs 210.000

La jueza Marisol García determinó otorgar al alcalde Eduardo Mérida Balderrama medidas sustitutivas a la detención preventiva: pago de una fianza real de 60.000 bolivianos, firma de libro cada lunes, no acercarse a los funcionarios involucrados en el caso, manteniéndose invariable la detención domiciliaria con custodia policial.

 

La audiencia cautelar de este martes comenzó a las 8.40 y se prolongó por cuatro horas donde participaron diputados y senadores de la oposición, concejales de Quillacollo, representantes de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, quienes verificaron el desarrollo del proceso judicial.

Mérida fue sometido a proceso penal por denuncias de los dirigentes de los trabajadores municipales y el Concejo Municipal de Quillacollo, por los presuntos delitos de daño económico, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la jueza García determinó aplicar medidas sustitutivas de pago de fianza real de 60.000 bolivianos, firma de libro los lunes y prohibición de acercarse a los funcionarios implicados en el caso. El fallo judicial será apelado por el Concejo Municipal de Quillacollo, porque la autoridad judicial no hizo una correcta valoración de las pruebas, ya que ameritaba la detención preventiva de Mérida.

Según los antecedentes judiciales, la autoridad edil enfrentó tres juicios donde se favoreció con medidas sustitutivas: la primera tiene que ver con el caso de su libreta falsificada; la segunda con el despido injustificado de madres con lactancia y dirigentes con fuero sindical y la tercera por ordenar una marcha con suspensión de actividades municipales.

En los tres casos se determinó arraigo, fianzas de 70, 80 y 60 mil bolivianos, sumando 221.00. Por el segundo proceso, Mérida está con detención domiciliaria con derecho al trabajo con custodia policial.

De acuerdo a los antecedentes que cursan en fiscalías y juzgados, el alcalde Mérida debe enfrentar un juicio oral por el caso de su libreta falsa, el despido injustificado de trabajadores municipales y por ordenar a los funcionarios abandonar sus fuentes de trabajo para marchar a su favor.

En breve deberá comparecer a una audiencia cautelar ante el Juez de Instrucción Penal Nº 3 por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias que están penados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que involucran a su esposa Jovanna Maldonado Villarroel y Richard Agreda por el caso conocido como “audios de la corrupción”.

En dichos audios se pone al descubierto la existencia de una red delictiva liderada por Jovanna Maldonado, esposa del alcalde Mérida, quien se dedicaba a extorsionar empresas, proveedores y vecinos, vender cargos a 1.000 y 3.000 dólares, destruir trámites y aprobar loteamientos y urbanizaciones ilegales en lugares prohibidos.

 

Por este caso, los fiscales anticorrupción Yerko Fajardo Flores, Samuel Vargas Siles, Silvia Roxana Guzmán Berbetty y Vilma Chileno Sánchez, imputaron formalmente a Eduardo Mérida, Jovanna Maldonado y Richard Agreda solicitando a la juez de turno su encarcelamiento.

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