Vuelven los conflictos a Achacachi

La aprehensión de los maestros rurales Gonzalo Layme y Pastor Salas, el viernes, reavivó ayer el conflicto en la población paceña de Achacachi, cuando faltan seis días para la realización de la parada militar en una comunidad próxima a esa localidad. Mientras tanto, el Gobierno respaldó ayer al alcalde electo Edgar Ramos (MAS) y denunció una ‘manipulación’ de gente para presionar en La Paz a los jueces.

 

El resultado: poco después de la medianoche, Layme y Salas recibieron medidas sustitutivas a la detención de parte del juez de Achacachi, Celso Villalobos, que había trasladado la sede de la audiencia a la ciudad por razones de seguridad. Villalobos dictó detención domiciliaria con permiso laboral en horario de clases (de 7:00 a 17:00), arraigo, la exigencia de presentar garantes personales y la prohibición de asistir a reuniones con verificación de la Policía y la Fiscalía.

Por su parte, el Gobierno criticó la protesta. “Se moviliza a la gente porque ya hay tres jueces que declinaron competencia y un cuarto juez está rodeado de presión, no es correcto; lo que está haciendo la dirigencia con estas movilizaciones es reconocer que hubo delitos y por la vía de la presión quieren evitar que sean sancionados”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras denunciar que para las marchas de los vecinos de Achacachi, la dirigencia presiona con multas de Bs 200 y obliga a los transportistas para trasladar a la gente desde su municipio hasta la sede de Gobierno.

Pero los vecinos, que ayer llegaron a la ciudad, desmintieron que la asistencia sea obligada y afirmaron que la gente se reúne de inmediato en la plaza; así ocurrió cuando se enteraron de la aprehensión del dirigente vecinal Esnor Condori, el lunes 24 de julio, y lo mismo con los dos maestros el viernes.

Cuatro delitos

Para el Gobierno, los dos detenidos cometieron delitos e instruyó que los abogados del Ministerio de Gobierno sean parte acusadora en la audiencia de los profesores rurales. Las acusaciones que pesan contra los maestros son: destrucción de bienes del Estado, robo agravado, asociación delictuosa y asesinato en grado de tentativa.

A las acciones de los dirigentes vecinales se sumaron los maestros rurales del distrito de Omasuyos, quienes determinaron la suspensión de las labores escolares hasta que se libere a sus dos colegas docentes.

La Fiscalía acusó a los dos maestros de haber instigado a la destrucción de la casa del alcalde Ramos y de robar un vehículo para quemarlo luego. Pero el juez consideró insuficientes los indicios y determinó la detención domiciliaria de los acusados, mientras que afuera del juzgado nuevamente los pobladores iniciaban su festejo y la Fiscalía planteaba apelación.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que este acto es militar y patriótico y que nadie puede obstaculizar un evento en el que participan las FFAA que rinden su homenaje al país en su aniversario.

Los dirigentes se niegan a revelar qué sucederá en Kjasina, donde se realizará la parada militar el 7 de agosto, y afirman que ellos nunca aceptaron el pedido del Gobierno de realizar el desfile militar en esta población.

30.000 ponchos rojos

A pesar del conflicto, el dirigente Fidel Poma se presentó ayer en La Paz y comprometió la presencia de 30.000 “ponchos rojos” en el acto del 7 de agosto y dijo que también habrá otros 2.000 campesinos de la policía sindical que resguardará la seguridad del acto.

 

Aunque Poma admitió que los 30.000 campesinos no serán exclusivamente de los denominados “ponchos rojos” sino que habrá de las organizaciones afiliadas como las Bartolinas, Tupac Katari y de la Csutcb que apoyarán esta asistencia especial.

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