El conflicto en Bolivia por la realización del censo de población se mantuvo este lunes con el foco aún en Santa Cruz, la mayor región del país, que lleva 17 días de una huelga para exigir que el empadronamiento se realice en 2023.
Las calles de la ciudad de Santa Cruz, la capital regional, se mantienen bloqueadas y no hay circulación de vehículos, por lo que la gente que requiere trasladarse se mueve a pie o en bicicleta.
Los vecinos que cumplen la huelga están organizados por turnos para salir a bloquear las calles, como es el caso de Sonia, que vive en la zona San Aurelio.
"Seguimos más firmes que nunca y agradecida con Dios porque ahora es el país que se está levantando por este pedido que estamos haciendo, que es el censo 2023", manifestó la mujer a EFE.
En otro punto, cerca del centro de la ciudad, se encuentra Yasir Lafuente, quien comentó a EFE que "gracias a Dios" en ese sector no tuvieron inconvenientes con la Policía ni con otros grupos.
Lafuente defendió que la huelga indefinida se decidió en un cabildo para reclamar "algo justo para Santa Cruz, para el pueblo cruceño que es el censo".
En las próximas horas se prevé una marcha liderada por la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por el censo en 2023, pero también para advertir al Gobierno que no permitirán "más abusos" contra la región, en alusión al "cerco" que hasta la víspera cumplían sectores oficialistas para romper la huelga.
Los bloqueos de carreteras llevados a cabo por los grupos afines al oficialismo han hecho escasear los alimentos y combustible en Santa Cruz, pero se suspendieron hasta este miércoles al mediodía, a la espera de las resoluciones de la comisión técnica instalada en la ciudad amazónica de Trinidad para definir la fecha del censo.
Las amenazas de que el conflicto se extendería a otras regiones desde esta jornada se cumplieron parcialmente.
En La Paz los diputados Lissa Claros, Miguel Roca y María José Salazar de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora con representación en el Legislativo, iniciaron una huelga de hambre en un ambiente del nuevo edificio del Parlamento nacional por el censo en 2023.
Roca mencionó que la exministra de Planificación del Desarrollo Gabriela Mendoza, que renunció al puesto en junio, dijo recientemente a una radio local que el trabajo para que el censo se efectúe este mes "estaba completamente encaminado".
Los parlamentarios consideraron que la comisión técnica es una "burla" que busca cansar a los sectores en conflicto y opinaron que de la misma no saldrá solución alguna.
Una medida similar se instaló en la región central de Cochabamba, donde representantes del Comité Cívico se declararon en huelga de hambre en un templo católico.
En la región sureña de Tarija hubo problemas entre sectores que buscaban bloquear calles y carreteras para cumplir la huelga y algunos sectores afines al oficialismo que quisieron obligarlos a levantar la medida.
El censo debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
La mesa técnica cumple este lunes su tercera jornada de trabajo en Trinidad, sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento y con desencuentros entre las autoridades nacionales que aseguran que los sectores que reclaman el censo en 2023 no han sustentado técnicamente su propuesta y estos que mantienen su postura.
El Gobierno y sus sectores afines ven que el conflicto busca una "ruptura constitucional" como, según el oficialismo, ocurrió en 2019 cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
No obstante, el mismo Evo Morales dijo el fin de semana que no cree que detrás de las protestas haya una intención de dar un "golpe de Estado", pero sí un "plan" para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
