Tras 15 años, Goni, Berzaín y víctimas de 2003 estarán frente a un jurado

Todavía no han cerrado las heridas de las jornadas sangrientas de octubre de 2003. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó en las luctuosas jornadas de la Guerra del Gas, que dejaron más de 60 muertos y 400 heridos. Todos apuntaban al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, ambos hoy en Estados Unidos (EEUU), como principales responsables.

 

En ese contexto, nueve víctimas, ayudadas por un grupo de abogados nacionales y de EEUU, iniciaron en 2007 un proceso que buscaba aliviar el dolor con algo de justicia, mediante la vía civil. Desde esos tiempos tumultuosos pasaron 15 años y este lunes, al fin, en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, se instalará el juicio oral en el que las víctimas podrán estar frente a frente con los acusados. Pero no es tan sencillo.

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, explicó que el lunes desde las 11:00, hora de Bolivia, se conformará el jurado que recogerá los alegatos de las partes y definirá si hay responsabilidad en el caso. Este proceso puede durar hasta seis semanas, explicó. “En EEUU, la justicia es diferente que aquí. Allá no hay dilataciones. Por eso es que estoy optimista que a finales de marzo podríamos tener ya una sentencia”.

Aseguró que el equipo de juristas comprobará que el expresidente y el exministro tienen responsabilidad por los hechos de la masacre, “por la posición de gobernantes que tenían y las órdenes que han impartido, esto se va a probar con testimonios de víctimas, criterios de expertos y documentos”.

Dijo que las víctimas estarán ahí, que ya viajaron por grupos y que según la ley de EEUU, la parte acusada también tiene la obligación de estar presente.

“No va a haber ninguna confrontación entre demandantes y demandados. Pero sí van a estar ahí”, dijo Mayta, a tiempo de asegurar que la vía civil es “el escenario de justicia posible”, aunque admitió que lo óptimo sería un proceso penal, pero esto no es posible en EEUU porque la jurisdicción para ello es Bolivia. El país ya pidió la extradición de los acusados, pero este no avanza.

“Nosotros nos concentramos en nuestra demanda. La extradición es responsabilidad exclusiva del Gobierno. Después de este proceso, nosotros vamos a pensar si es que tomamos otras vías”, dijo.

Asimismo, explicó que sólo nueve víctimas de las más de 400 iniciaron el proceso debido a la dificultad que significa la situación económica y el tratamiento legal de tantas personas. De hecho, el caso no sería posible sin el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales y una firma de abogados. “Muchos juristas trabajan pro bono, o sea sin cobrar y hasta ponen de su dinero. No hubiera sido posible sin ellos”, dijo Mayta.

Sin embargo, como en todo, hay dos versiones de los hechos. Fuentes cercanas al MNR que conocen el caso explicaron que Mayta coordina con el Ejecutivo e informa todos los avances.

Las fuentes explicaron que los dos acusados tienen ahora los mismos abogados y enfrentan un solo caso. Inicialmente eran dos casos separados pero un juez aceptó unirlos y ordenó su traslado a Florida.

Desde el punto de vista legal, desde el 2009 el proceso ha seguido pero con varios cuestionamientos a la causa hasta que finalmente se modificó de manera sustancial. El juez eliminó de la causa acusaciones claramente insostenibles, como genocidio, masacre sangrienta, limitaciones a la libertad de prensa, etc. Hoy ha quedado prácticamente reducido a un juicio por un solo delito importante que es “muertes extrajudiciales”. Y para esto los acusadores deben probar que las ocho muertes fueron causadas en forma intencional, o premeditada y debe saberse quién disparó”, señalaron.

 

Explicaron que la defensa del expresidente argumentó que este juicio no corresponde a una corte de EEUU, y además que no existen pruebas suficientes, que los delitos están mal tipificados, etc. “Todo esto hace que hoy estemos frente a un juicio que empieza con muchas dificultades para los acusadores”.

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