CIDH admitió denuncia contra Evo Morales por ejecución extrajudicial de supuestos terroristas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la denuncia contra el Estado boliviano, representado por el presidente Evo Morales, por la violación de nueve derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre ellos, la supuesta ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, que posteriormente se llamó caso terrorismo.

 

El “derecho de petición” que significa un pedido de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” fue presentado el 21 de septiembre de 2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Francisco Tádic Astorga y otros. El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la denuncia contra el Estado boliviano, representado por el presidente Evo Morales, por la violación a derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre ellos, la supuesta ejecución extrajudicial en el Hotel  Las Américas, en el denominado “caso terrorismo”. De su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, aseguró que asumirán defensa del Estado como víctimas.

Aclarando que su posición no es de ministro de Gobierno sino de una víctima, Carlos Romero aseguró este martes que si tienen que asumir defensa del Estado boliviano y del presidente Evo Morales por el caso terrorismo, lo harán ante cualquier instancia.

De esa manera reaccionó ante la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de la OEA que admitió la denuncia de uno de los sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, Mario Tadic que junto a la madre del irlandés Michael Dywer, denunciaron al Estado boliviano por violación a los derechos humanos, ejecución sumaria  y otros.

El “derecho de petición”, que significa una demanda de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, fue presentado el 21 de septiembre de  2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Francisco Tádic Astorga y otros.

El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018, tras nueve años de ocurrida la presunta ejecución extrajudicial de tres personas en el Hotel  Las Américas, el 16 de abril de 2009, que posteriormente se llamó “caso terrorismo”.

El Gobierno boliviano fue notificado el 4 de marzo de  2016, y entre junio a septiembre de 2017 presentó observaciones, desconociendo la jurisdicción y competencia de la CIDH para revisar sentencias pronunciadas por tribunales nacionales, y con ello prolongó un mayor debate que al final concluyó en que la CIDH se declaró competente, para admitir un derecho de petición por casos vinculados a los derechos a la vida.

CAUSA CONTRA MORALES

Uno de los co-imputados en el caso terrorismo y que actualmente vive refugiado en Estados Unidos, Hugo Achá, dijo que el trabajo de la Comisión es el filtro previo para que el caso suba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo causa contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, por crímenes de lesa humanidad.

La demanda fundamenta la ejecución extrajudicial del irlandés Michael Dwyer (abatido junto a Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi) como resultado de las acciones policiales en el operativo desarrollado en el Hotel Las Américas, la falta de investigación y de ser probada podría generar responsabilidades por posibles violaciones de los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de la presunta víctima de la familia, así como los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Romero preció que prefería responder como víctima porque sufrió  el colocado de dos bombas en su domicilio en Santa Cruz y acusó directamente al grupo de “separatistas” a los que el gobierno los acusa de “terroristas”.

Dijo que pretender juzgar al presidente Evo Morales porque salvó la unidad de la patria  y pretender juzgar al Estado boliviano porque se enfrentó a peligrosos separatistas, no tiene ningún propósito en beneficio del Estado boliviano.

“Y si tenemos que defender al Estado boliviano y la unidad de la patria, pues lo vamos hacer y vamos a sostener ante quien sea y si tenemos que volver a refrescar la  memoria colectiva para recurrir a los instrumentos contundentes probatorios de la existencia de esos hechos, lo vamos hacer ante quien sea”, declaró.

Sostuvo que en todo caso es el caso terrorismo es un tema de la justicia boliviana, la que en primer lugar actúa en resguardo de su propio Estado boliviano, es la justicia boliviana la que ha sido víctima de una serie de maniobras de dilación, comentó.

Citó que cientos de incidentes recursivos fueron presentados por separatistas que ponían bombas para matar gente y partir al país en dos, porque no querían convivir con collas, con indígenas, se resistían a que indígena sea presidente y el proceso de cambio se consolide en el país.

Sostuvo que los mismos separatistas se inventaron luego que el caso fue armado por el gobierno para deshacer a la oposición.

Romero aseguró que los separatistas fueron traídos del exterior, financiando su traslado, sus armas, estadía, logística e hicieron mapas sobre Bolivia a título de autonomía, en consonancia con políticos más radicales de ese momento.

 

“Esa es la realidad; lamentablemente, un pasaje negro en la historia en nuestro país”, declaró.

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