Disponen medidas sustitutivas contra la Jueza Sara Céspedes

El Juzgado de Instrucción Primero en lo Penal dispuso ayer medidas sustitutivas a la detención preventiva para la jueza Sara Céspedes, denunciada por el Ministerio Público por presunto prevaricato en el caso Mochilas, por el que es investigado el alcalde José María Leyes, de Demócratas.

 

La jueza Sandra Parra resolvió, después de escuchar a las partes, que la jueza se defienda en libertad. Sara Céspedes tendrá que presentarse todos los lunes ante la Fiscalía, tiene prohibido salir del país y del departamento. Además, tiene que presentar dos garantes ante el Juzgado de Instrucción Primero en lo Penal.

Parra manifestó que existen elementos de convicción para determinar que la acumulación de los casos Mochilas I y II que dispuso de oficio la jueza Céspedes en la audiencia de medidas cautelares del Alcalde no es procedente, dado que los sujetos procesales son distintos en ambos hechos.

“No señala con precisión en nombres ni sujetos procesales, la decisión de unir los casos de oficio no está acorde a la norma”, argumentó Parra.

Según la Fiscalía, este hecho establece la posibilidad de autoría en el delito de prevaricato. El mismo es un ilícito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, según el Código de Procedimiento Penal.

De igual manera, manifestó que concurre el riesgo de obstaculización y que puede influir en funcionarios judiciales, considerando que el proceso está en investigación.

En su defensa, Céspedes dijo: “Estoy soportando una gran carga procesal de procesos de corrupción de toda Cochabamba, desde junio estoy atendiendo 800 procesos, no puedo emitir una resolución de un día para el otro”. Luego, recalcó que no tiene ningún tipo de relación con los jueces.

Ante estos elementos, la defensa de la jueza, acusada de prevaricato por la Fiscalía, señaló que la imputada decidió excusarse de los casos Mochilas I y II. El pedido tiene que definirse en una audiencia. La defensa del Alcalde dijo que la jueza no cesó en su cargo y no tiene porqué excusarse.

En la audiencia, el Ministerio Público presentó 29 elementos con antecedentes y pruebas para pedir la detención preventiva por riesgos de fuga y obstaculización.

El fiscal Gonzalo Aparicio explicó que, durante la aprehensión de la jueza anticorrupción, ella y otros servidores públicos obstaculizaron el trabajo de los policías, además de hacer llamadas constantes a una persona a quien le encomendaba que se encargue del cuidado de documentos.

La jueza anticorrupción afronta tres procesos disciplinarios. Uno iniciado por el Viceministerio de Transparencia y dos seguidos de oficio por parte del Ministerio Público que aún no cuentan con imputación.

Al final de la audiencia, representantes del Ministerio Público señalaron que analizan si apelarán la resolución de la jueza Parra, dijo Samuel Vargas de la corporativa anticorrupción de la Fiscalía.

“Estoy soportando una carga procesal de casos de corrupción de toda Cochabamba, hasta ahora tengo 800 casos acumulados”.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, “saludó” ayer el accionar del Ministerio Público en contra de la juez anticorrupción, Sara Céspedes, que atiende el caso mochilas.

Arce expresó que, por información del Viceministerio de Trasparencia, conoce que la jueza actúa “de manera descarada” contra la ley. Añadió que el juez que no trabaja de acuerdo con las normativas “no cumple con la seguridad jurídica”.

En cambio, la Asociación de Magistrados rechazó la aprehensión de la jueza y advirtió el riesgo de penalizar los fallos judiciales sin agotar los recursos de apelación que tienen los administradores de justicia.

 

Por otro lado, el abogado Humberto Trigo, que defiende al alcalde Leyes, informó que siguen a la espera de la audiencia de medidas cautelares por el caso Mochilas II, que se suspendió el viernes porque el Alcalde se descompensó y porque la jueza unió los dos procesos por la compra de material escolar de 2017 y 2018.

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