Pedirán la detención de García y Fiscalía da impulso al caso Mochilas

El Ministerio Público informó hoy que pedirá la detención preventiva de la exsecretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, que fue aprehendida ayer en el marco del caso mochilas.

Esta mañana el fiscal departamental, Oscar Vera, no quiso ahondar en el caso que permanece en reserva por determinación judicial. Sin embargo, aseguró que con la imputación se solicitó la detención de la exfuncionaria.

"Ha sido imputada por el delito de contratos lesivos al Estado, (la ampliación de la reserva) va a ser analizada por los fiscales del caso", manifestó brevemente.

En la víspera, García fue aprehendida y trasladada a instalaciones de la Epi Norte después de declarar por el caso Mochilas I. La exsecretaria firmó, junto al alcalde José María Leyes, el contrato de adquisición de 91 mil mochilas por 12,4 millones de bolivianos.

Ahora se encuentra a la espera de la audiencia cautelar.

Un día antes, García fue despedida de la su cargo como directora de Género Generacional y Familia de la secretaria de Desarrollo Humano. A su salida denunció el desvío del bono del té del municipio y manifestó que el esposo de la alcaldesa, Edson Cortez sería quien administra el municipio.

La alcaldesa, Karen Suárez negó estas aseveraciones, empero no dio más detalles sobre el pago del beneficio a los trabajadores.

Por su parte el secretario ejecutivo, Alex Contreras manifestó hoy que esperarán, "con paciencia" conocer las declaraciones de la exfuncionaria y aseguró que como municipio no le "temen" a las declaraciones de exfuncionarios.

"Nosotros creemos que no existe sobreprecio, eso está demostrado, no existe enriquecimiento ilícito, ni tráfico de influencias y tampoco existe corrupción", declaró.

Con la detención de la exsecretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, la Fiscalía le da un nuevo impulso a la investigación del caso Mochilas, presuntamente, en base a las declaraciones que aportó el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel P., quien se entregó a las autoridades el pasado 28 de junio.

Andrea García, quien el 10 de julio fue despedida por no poner su cargo a disposición, como le pidió la nueva secretaría de Desarrollo Humano Jenny Rivera, volvió a declarar ayer ante la Fiscalía, pero esta vez como denunciada y ya no como testigo, como sucedió en abril, cuando se destapó la presunta compra irregular de mochilas.

 

García fue aprehendida luego de declarar por dos horas en la Fiscalía Anticorrupción. Luego, fue conducida a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) Norte y está a la espera de su audiencia cautelar. La exfuncionaria enfrenta cargos por la suscripción de contratos lesivos al Estado.

 

La exsecretaria estampó su firma junto a la del alcalde José María Leyes y Néstor G., representante de la Asociación 26 de Febrero, para la adquisición de 91 mil mochilas por 12,4 millones de bolivianos.

 

Andrea García se desempeñó entre 2017 y 2018 como secretaria interina y hasta el 10 de julio figuraba como “testigo” en Mochilas I.

 

Su abogado, Hernán Soria, manifestó que su cliente se sometió a la investigación, pero los fiscales asignados al caso decidieron pedir su aprehensión. “Nosotros respetamos la decisión de las autoridades, ya veremos en la audiencia tratar de establecer que no existen riesgos procesales”, informó Soria.

 

El 30 de junio, a requerimiento del Ministerio Público el caso Mochilas I y II, se declaró en reserva; el abogado de García señaló que esta medida le impide brindar mayor información sobre la implicación de su cliente.

 

Documentos

 

Entre los elementos que complicaron la situación de la exsecretaria de Desarrollo Humano, se encuentra el contrato de adjudicación que benefició a la Asociación accidental 26 de Febrero, la Resolución Ejecutiva 650/ 2017 y documentación que se encuentra en reserva.

 

Se presume que la llegada del exsecretario de Atención al Ciudadano ayudó a consolidar las hipótesis que manejaba el Ministerio Público sobre la compra de las mochilas.

 

Por la dinámica de la investigación y por los elementos que existen, el representante departamental del Ministerio Público, Óscar Vera, no descartó solicitar ante las autoridades judiciales la ampliación de la reserva del caso por 10 días más. “Todavía estamos a tiempo de solicitar que se amplíe la reserva”, manifestó.

 

 

 

 

 

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