El mayor desastre ecológico en Bolivia, sirvió para lograr asentamiento de interculturales

Los incendios de magnitud registrados en la Chiquitania destaparon el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano, destinados para el asentamiento de interculturales con aprobación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se organizan para lograr tierras en los valles, oriente y amazonia del país, según publicación de Visor Bolivia.

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjeron los incendios que hasta la fecha no han podido ser sofocados.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, dijo que las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Unidad Nacional, lamentó que los voceros del Gobierno hablen de un plan post-incendio en la Chiquitania sin antes apagarlo ni haberse identificado a los responsables del traslado de cocaleros e interculturales para el chaqueo que dio lugar al mayor desastre ecológico en Santa Cruz.

Por otro lado, el presidente Evo Morales prometió que una vez controlado todos los incendios en la región de la Chiquitania habrá una evaluación para identificar a los responsables y cuáles fueron los descuidos que originaron el incendio en los bosques secos y parte de la reserva forestal.

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales meses antes.

El anterior decreto 26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas” o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitania, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

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