La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reveló este miércoles su sentencia contra Bolivia por ser responsable en la violación de una serie de derechos humanos de 22 personas que fueron implicadas en el caso Blas Valencia en 2001.
El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado asaltó un vehículo de Prosegur y mató a dos policías y un civil para llevarse 385 mil dólares. Las investigaciones determinaron que el clan estaba liderado por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre los que se encontraban un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. La justicia dictó sentencia en 2003 y el exuniformado recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, un operativo con policías fuertemente armados allanaron de manera violenta varios inmuebles, algunos sin orden judicial, para supuestamente arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco.
En esos operativos y posterior a ellos, 22 personas, entre hombres, mujeres y menores, fueron torturadas y maltratadas a distintos niveles. En este proceso judicial, una persona murió y otra perdió un brazo por no recibir atención médica.
La Corte IDH encontró culpable al Estado boliviano por la violencia policial durante los allanamientos y detenciones, por presentarlos ante los medios como delincuentes sin antes comparecer ante la justicia, por actos de tortura sexual, por incomunicación prolongada de los detenidos, por las malas condiciones de detención, por someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes y por actos de tortura.
Bolivia tendrá que pagar 786.000 dólares en indemnizaciones para 26 afectados, además de cumplir con otros compromisos como adoptar las medidas necesarias para que se revise la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003; continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas; brindar el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas; diseñar e implementar las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual; crear un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales.
La sentencia fue leída y notificada este miércoles en presencia del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y deberá ser cumplida en un plazo de un año.
Lista y monto de indemnizaciones:
- Genaro Ahuacho Luna: $us40.000
- Norma Lupe Alarcón Castillo: $us40.000
Asimismo, se le otorgará un monto de $us1.000 por concepto de compensación en equidad de las joyas secuestradas durante el allanamiento que no le fueron devueltas.
- Alfredo Bazán y Rosas: $us20.000
- Víctor Manuel Boggiano Bruzzón: $us40.000
- Freddy Cáceres Castro: $us20.000
- Carlos Enrique Castro Ramírez: $us40.000
- Claudio Centeno Valencia: $us10.000
- Carlos Eladio Cruz Añez: $us40.000
- Patricia Catalina Gallardo Ardúz: $us40.000
- Victoria Gutiérrez Aguilar: $us40.000
- Oswaldo Lulleman Antezana: $us20.000
- Jenny Paola Lulleman Gutiérrez: $us40.000
- Luis Lulleman Gutiérrez: $us20.000
- Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez: $us40.000
- Julia Mamani Mamani: $us40.000
- Elacio Peña Córdova: $us20.000
- María Fernanda Peña Gallardo: $us10.000
- F.E.P.M.: $us65.000
- Edwin Rodríguez Alarcón: $us20.000
- Carlos Álvaro Taboada Valencia: $us20.000
- Claudia Valencia Alarcón: $us40.000
- Gabriel Valencia Alarcón: $us20.000
- Alexis Valencia Alarcón: $us20.000
- Blas Valencia Campos: $us20.000
- Mercedes Valencia Chuquimia: $us40.000
- Mauricio Valenzuela Valencia: $us20.000
