Sánchez de Lozada comparece ante un juez de Estados Unidos

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada compareció el lunes ante un juez de Estados Unidos por la muerte entre 65 y 70 bolivianos, durante una insurrección popular a instancias de los familiares de las víctimas que peregrinaron casi 15 años en busca de justicia.

 

Enfundado en traje sastre azul, tocado por corbata de color celeste, el expresidente (1993-97 y 2002-2003) ultraliberal de Bolivia se puso bajo los reflectores de la prensa local e internacional después de 14 años y 5 meses, lapso en que unos cuantos le vieron la cara que mostró al juez de la causa, James I. Cohn, de 66 años y magistrado de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida con 30 años de experiencia en estrados.

En el comienzo mismo del proceso judicial, este lunes se conformó el jurado, de 10 miembros.

Casi 15 años más avejentado que el hombre que abordó, de huida, la noche del 17 de octubre de 2003 un vuelo de itinerario de la entonces línea de bandera Lloyd Aéreo Boliviano rumbo a Miami, dejando tras suyo una estela de 65 civiles muertos por bala y medio millar de heridos, Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, también procesado por delitos de lesa humanidad, avistaron el juzgado donde serán procesados.

El presidente boliviano Evo Morales saludó el lunes, desde Venezuela, donde asistió a la conmemoración de los 5 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez, el comienzo del juicio civil a su antecesor.

"Saludamos el inicio del juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en Corte del Distrito Sur de Florida, EEUU, por los asesinatos que causaron en la Masacre de Octubre. La Ley H.R. 2092, con la que son juzgados, sanciona las ejecuciones extrajudiciales que cometieron", escribió en su cuenta de Twitter.

"El juez James l. Cohn, de la Corte del Distrito Sur de Florida, estableció que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fugaron de Bolivia para no rendir cuentas por las muertes de octubre 2003. Ahora la justicia de EEUU puede evitar que ese país sea refugio de los asesinos del pueblo", precisó en otro tuit.

"Durante el juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en Miami, EEUU, se estableció que ambos prófugos de la justicia boliviana recibían protección del Departamento de Estado, antes, durante y después de la Masacre de Octubre de 2003. Así evitaron la extradición", agregó el mandatario boliviano.

Todo esto, más de una década después que la justicia boliviana les procesara, sin éxito, por genocidio y peculado, en medio de una retahíla de intentos por lograr su extradición, en base de un tratado que a EEUU le permitió, a principios del siglo XX, reclamar las cabezas de 2 de sus más célebres asaltantes de bancos y diligencias, Sundance Kid, y Butch Cassidy que habían caído presos en Bolivia tras agarrase a tiros con la Policía local.

A nada de cumplir 87 años, Sánchez de Lozada mantuvo, a simple vista, "la soberbia" que le echó a perder su segundo mandato lastrado por la 'masacre de Octubre', pero lució macilento, lejos del hombre verborrágico y dueño de memorables humoradas que definía "como el peor castigo" a los políticos que los indios bolivianos les esparzan mixtura (papel picado) en el cabello y la ropa, cuando iban por sus votos, cada 4 ó 5 años, reflexionaron sus detractores en Bolivia.

A este hombre, que enfrenta un juicio civil en EEUU, nacido en la ciudad boliviana de Cochabamba y avecindado desde muy niño en el país donde estudio cinematografía, los familiares de 9 muertos y 7 heridos, erguidos en calidad de querellantes, buscan el pago de una indemnización.

Como tal, el juicio, que conmovía a la distancia la siempre dinámica política y justicia bolivianas, empezó en septiembre de 2007.

Observadores oficiosos aseveran que los querellantes buscan pellizcar la fortuna de Sánchez de Lozada, empresario minero y uno de los más ricos de la historia boliviana, que en 2003 orillaba los 400 millones de dólares.

En un fallo para resolver la penúltima objeción de los acusados, el juez Cohn determinó, a contrapelo de las convicciones de los bolivianos, que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, sí pueden ser procesados en la vía civil con la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991 por las muertes de personas indefensas que sufrieron las consecuencias de la represión militar de septiembre y octubre de 2003.

La justicia estadounidense baraja, en el proceso abierto a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, el tecnicismo de "ejecuciones extrajudiciales".

El proceso se ha escindido de la legislación penal. Es decir está muy lejos, por ahora, de poner al los imputados tras de rejas

La ley estadounidense define "ejecución extrajudicial" como una "ejecución deliberada y no autorizada por una decisión judicial emitida por una corte judicial que brinde las garantías adecuadas que son reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

El magistrado estableció que "el objeto de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991 es corregir los actos ilegales específicos de los individuos a través de acciones jurídicas que aseguren que sus actos tengan consecuencias legales.

En lenguaje inteligible, que "paguen el precio de sus delitos".

El Juez de la jurisdicción del Estado estadounidense de Florida, también definió que esa norma pretende "que los autores de violaciones de los derechos humanos no encuentren un refugio seguro en este país (Estados Unidos) y que más bien sean procesados por sus actos", de acuerdo con el expediente de la causa.

Posteriormente, determinó que "es poco probable" que las víctimas tengan "la oportunidad de conseguir una reparación por las violaciones a los derechos humanos dentro de su sistema legal, sí es que alguna vez tienen esa oportunidad".

"Esto se debe a que los acusados, además de Sánchez de Lozada" que se retiró en octubre de 2003, de la vida política boliviana, Sánchez Berzaín que preside un instituto por la democracia en Miami, "deben ser condenados penalmente en Bolivia antes de que sus acusadores puedan iniciar una demanda civil en su contra ante un juzgado boliviano".

La Ley de Protección a las Víctimas de Tortura permite iniciar  procesos civiles, en EEUU, contra personas que, en el desempeño de sus funciones como autoridades de cualquier país extranjero, perpetraron actos de tortura y/o ejecuciones extrajudiciales.

Clasificada bajo el código H.R. 2092,  la norma establece la posibilidad procesar civilmente al que "bajo real o aparente autoridad, o norma de cualquier país extranjero (1) someta a una persona a la tortura; o (2) someta a una persona a una ejecución extrajudicial".

Determina que quien perpetre esos delitos "será pasible" de una sanción "por los daños ante el representante legal de la víctima o cualquier persona que asuma la demanda por esa ejecución ilegal".

Durante un acto público en la ciudad boliviana de El Alto, el vicepresidente Alvaro García Linera afirmó que el proceso civil interpuesto  a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, "no es suficiente".

"El día de hoy ese criminal está siendo enjuiciando para indemnizar a las familias por esa matanza, ojalá que nos vaya bien, pero no es suficiente, queremos enjuiciarlo aquí en Bolivia, para que responda por los más de 70 muertos y heridos", mencionó.

 

En sus memoriales presentados el 26 de septiembre de 2007, los acusadores demostraron con abundante documentación que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente y como consecuencia del Plan República, diseñado por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para "reprimir la oposición popular a su impopular agenda política".

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