En Bolivia se plantea despenalizar el aborto

El Parlamento de Bolivia ha comenzado a debatir un proyecto de ley presentado por el oficialismo para legalizar el aborto en nueve casos, tres de los cuales ya eran reconocidos por la legislación boliviana (riesgo para la salud o la vida de la madre o que haya habido violación o incesto).

 

El proyecto contempla que las mujeres con menos de ocho semanas de gestación puedan abortar en caso de pobreza extrema o no cuenten con recursos propios para la manutención de su familia.

La iniciativa también plantea despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras ocho semanas cuando la mujer ya haya sido madre de al menos tres hijos o sea estudiante. La normativa solo permite que las mujeres que apelen a una de estas cuatro causas se practiquen un único aborto.

Los cinco casos restantes en los que la interrupción es legal, en los cuales no interesa la etapa de gestación en que se encuentre la mujer, ni si se trata o no del primer aborto, son la grave malformación del feto, que la embarazada sea niña o adolescente, o las ya contempladas de que el parto pueda poner en riesgo la salud o la vida de la embarazada, o que sea el resultado de violación o incesto.

Las mujeres que se sometan al aborto en los casos mencionados no requerirán cumplir otro trámite que el de llenar un formulario en el que expresen su “consentimiento informado” para la operación. Los médicos estarán obligados a guardar secreto sobre la identidad de quienes se sometan al mismo.

Esta regulación ha sido introducida al Parlamento por los sectores progresistas del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, pero no cuentan con la aquiescencia de toda la bancada oficialista. La oposición también se halla dividida frente al asunto, sobre el cual se han producido disputas legales y políticas en el pasado reciente.

Bolivia era uno de los países latinoamericanos que aceptaba el aborto cuando hubiera habido violación o el parto implicara riesgo para la madre, pero las mujeres beneficiadas con esta autorización tenían muchos problemas para ejecutarla en la práctica.

En 2015, una diputada oficialista presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para legalizar el aborto de manera más amplia, pero esta corte, presionada por movilizaciones sociales a favor y en contra, determinó únicamente facilitar el acceso al procedimiento en los casos ya previstos por el Código Penal, que es el que ahora está reemplazando el Parlamento.

 

La Iglesia Católica y otras confesiones han comenzado a hacer llamamientos en contra de la disposición propuesta y “en defensa de la vida de los más vulnerables”. Según el proyecto legislativo, las mujeres que interrumpan su embarazo sin contar sin ninguna de las nueve excepciones serán castigadas con uno a tres años de prisión.

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