El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Marco Ernesto Jaimes, ratificó este miércoles la legalidad de la prórroga de mandato para los magistrados del Órgano Judicial aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en diciembre de 2023.
Jaimes enfatizó en rueda de prensa que la extensión de mandato de los magistrados es "legal y constitucional" y rechazó las aseveraciones de algunos sectores políticos y opositores en el Legislativo.
En consecuencia, descartó categóricamente la posibilidad de la renuncia de los magistrados, al argumentar que el abandono de sus funciones generaría un "vacío de poder" en el Órgano Judicial, con consecuencias perjudiciales para la estabilidad del país.
"De ninguna manera podemos pensar en una renuncia, tenemos el deber de cumplir con una resolución constitucional en el marco de la Constitución y el Código Procesal Constitucional que establece el carácter vinculante y obligatorio de toda resolución, como es el caso de la declaración 49", explicó.
La prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial, emitida por el TCP en diciembre de 2023, generó controversias y movilizaciones, principalmente impulsadas por sectores afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019).
El TCP decidió en diciembre del año pasado que la reelección presidencial en Bolivia no es un derecho humano y que con esa decisión inhabilita una nueva postulación de Morales.
Emitió además otra resolución que afecta a la Gobernación del departamento boliviano de Santa Cruz (este) y ordena que el subgobernador Mario Aguilera asuma el mando, en reemplazo de Luis Fernando Camacho, quien está recluido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz.
A decir de Jaimes, la mayoría de las críticas expresadas respecto de la sentencia del TCP son políticas y no jurídicas, en referencia al pedido de sectores sociales afines al expresidente Morales y al gobernador Camacho.
De igual forma instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que, en el marco de sus atribuciones, convoque de manera inmediata a la preselección de candidatos y posteriores elecciones democráticas para el Órgano Judicial y para el TCP.
