Clínica privada retuvo a ciudadano venezolano por $us 19.000 de deuda

Médicos de la clínica Santa Laura, en Miraflores, retuvieron contra su voluntad, desde el día viernes, a una persona de nacionalidad venezolana debido a que tenía una deuda de $us 19.000 por el tratamiento médico prestado a su padre, fallecido en dicho nosocomio cuando se recuperaba de una cirugía.

Ante la denuncia, personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó al centro médico y constató que el extranjero estaba encerrado.

Las gestiones no rindieron frutos, puesto que, pese a que se les dijo a los médicos que dicho acto implicaba la comisión de un delito, se negaron a liberarlo.

Ante la negativa, efectivos de la fuerza anticrimen llegaron al centro médico para exigir que lo liberen de inmediato.

Según un informe defensorial, los uniformados consideraron la aprehensión de la médico de turno y del personal de seguridad privada por la retención.

“Luego que murió mi padre bajaron su cadáver de la habitación y lo metieron en un cuarto que ni siquiera es refrigerado. Mi papá falleció el jueves y hasta el viernes por la tarde no nos querían entregar el cuerpo”, relató el venezolano, aún retenido en la clínica, a Bolivia TV.

Agregó que los médicos pidieron cancelar toda la deuda o de lo contrario una persona debía quedarse como garantía.

“Pedimos que se solucione el tema, que podamos salir. Quiero venir el lunes (mañana) para hacer el convenio de pago porque desde el jueves estamos en correteos y no puedo salir”, agregó.

El progenitor tuvo una hemorragia cerebral, fue operado y cuando estaba en recuperación tuvo una infección en la boca, dificultad para respirar y ello causó un paro respiratorio.

“La Defensoría del Pueblo recuerda a la población en general y en especial a los centros de salud que está prohibido retener a las personas o a los restos humanos por la falta de pago por los servicios ofrecidos. En ese caso, el personal del centro médico debe acudir ante las instancias y vías legales correspondientes, pues lo contrario implica la generación de responsabilidad penal y la violación de los derechos fundamentales”, señala un comunicado de la Defensoría.

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