Mesa: “Me quieren liquidar vía judicialización de la política”

El expresidente Carlos Mesa cuestionó una vez más la decisión del Gobierno de acusarlo ante el Ministerio Público con el fin de iniciarle un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax; sin embargo, dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.

 

Además, señaló que “en realidad” el Ministerio Público debería investigar y acusar a los procuradores que llevaron adelante una “lamentable defensa” durante el Gobierno de Evo Morales, entre ellos figuran Hugo Montero y Héctor Arce.

El pasado jueves, el procurador Pablo Menacho responsabilizó a Mesa y a tres de sus exministros por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra de Bolivia que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión en 2004.

El expresidente criticó la celeridad del Ministerio Público que en “tres días ha ‘valorado e investigado’ un caso tan complejo y delicado.

El indicio es muy claro, liquidar vía judicialización de la política a Carlos D. Mesa”. Sin embargo, dijo que “si se me acusa a mí se debiera acusar también al expresidente (Eduardo) Rodríguez, que en el decreto supremo que anula el mío ratifica que ‘las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado’”.

No obstante, aclaró que “por supuesto, creo que ninguno de los dos debemos ser acusados de nada en este caso. Tanto Rodríguez como yo hicimos lo correcto, expulsar a una empresa chilena que vulneró las principales normas del Estado”.

Mesa sostiene que la Procuraduría hizo una defensa “desastrosa” el tiempo que duró el litigio (2010-2015), por lo mismo considera que en “realidad la Fiscalía debiera abrir una investigación y acusación contra los procuradores que llevaron adelante esa lamentable defensa durante el gobierno del presidente Morales”.

El proceso se inició en 2010 y la sentencia salió en 2015. En ese periodo, Bolivia tuvo dos procuradores: Hugo Montero (2011-2014), quien ahora es vocal designado por Morales en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, y Héctor Arce Zaconeta (2014-2016), quien ahora cumple la función de Ministro de Justica.

El expresidente dijo que el Gobierno incrementa su campaña de “demolición” contra la oposición porque se da cuenta de una caída libre de su popularidad y credibilidad. “Uno de los objetivos principales de esa campaña soy yo. La indignación del país por la burla que ha hecho el Presidente del 21F le está cobrando factura y, en ese contexto, buscarán eliminar a todos sus principales adversarios potenciales”.

El expresidente Carlos Mesa consideró que los colectivos ciudadanos y las estructuras políticas del país deberían unirse para generar candidaturas y así convertirse en una alternativa frente al oficialismo en las próximas elecciones.

Hay una “necesidad de vinculación entre los colectivos ciudadanos, que legítimamente reivindican el cumplimiento del 21F, y las estructuras políticas organizadas que son capaces de generar acciones con un destino concreto, que es la posibilidad de construir candidaturas que junto a la negativa de esta burla al 21F puedan ser opciones alternativas”, dijo Mesa al periódico El Deber.

Aunque también reconoció que puede existir una susceptibilidad de los colectivos ciudadanos en relación a los partidos políticos. “Pero creo que es un momento en que la unidad vale para todos”, insistió.

Asimismo, sostuvo que las fuerzas políticas de oposición comienzan a entender que el tamaño del desafío histórico que tienen por delante es muy grande y la unidad no es ya solamente una posibilidad ni un lujo.

Pues la unidad “es una circunstancia esencial para construir una estructura que sea capaz de derrotar al oficialismo. Pero ya no solamente a partir de la unidad por la unidad misma, sino a través de la construcción de propuestas de transformación y ojalá de renovación generacional”, expresó.

Los colectivos ciudadanos, dispersos principalmente en las ciudades capitales del país, empezaron a tener protagonismo con las protestas callejeras que surgieron después de que el oficialismo desconoció el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y, a través de un fallo judicial, logró que el presidente Evo Morales sea habilitado como candidato para las próximas elecciones de 2019.

 

“Ahora Morales dice que los que protestan son los de la zona Sur (de La Paz) y no de las laderas. (Pero) las encuestas que yo conozco y que me merecen respeto indican que esta tendencia no ha cambiado en estos últimos meses: alrededor del 70% de los encuestados están en contra de la decisión del Presidente y del Tribunal Constitucional de volverse a postular y defienden el respeto al 21F. Si haces una apreciación de ese porcentaje, me parece poco probable que el 70% de los bolivianos viva en la zona Sur o en Urubó (de Santa Cruz)”, apuntó.

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