El Alto radicaliza medidas, exigen renuncia de ministros

La presentación de un Subteniente de Policía como el presunto autor material e intelectual de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila incrementó la tensión en el sistema universitario e instituciones de El Alto.

 

Durante una Asamblea Docente-Estudiantil de la Upea, efectuada de emergencia anoche, se aseguró que “el Gobierno pretende eludir su responsabilidad” y que los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía y Finanzas, Mario Guillén, deben renunciar.

El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, al término de la Asamblea, declaró que la comunidad universitaria de El Alto y del país no renuncian a su exigencia de mayor presupuesto ni a su clamor de justicia por la muerte del estudiante.

Luego de que un Subteniente de Policía fuera presentado como el presunto autor material e intelectual de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el sistema universitario y líderes políticos aseguran que el Gobierno pretende eludir su responsabilidad, reiteran que los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía y Finanzas, Mario Guillén, deben ser destituidos.

La Asamblea Docente-Estudiantil de la UPEA, realizada la noche de ayer luego de evaluar el informe conjunto ofrecido por el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana determinaron radicalizar su protesta hasta lograr las modificaciones a la Ley Nº195 de Coparticipación Tributaria y aprobaron su proyecto de Ley de Coparticipación Tributaria “Jonathan Quispe Vila” que permite mayor presupuesto para el sistema universitario fiscal.

El pronunciamiento universitario, además de exigir al presidente Evo Morales, la destitución de dos ministros piden el alejamiento del viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, por la falta de capacidad para atender el pedido de la UPEA y diálogo oportuno. Además de declarar “mártir” al extinto estudiante.

El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, al término de la Asamblea, declaró que la comunidad universitaria de El Alto y del país no renuncian a su exigencia de mayor presupuesto ni a su clamor de justicia a la muerte del estudiante, cuya licenciatura en Ciencias de la Comunicación fue reconocida con carácter póstumo.

“La UPEA ahora más que nunca está al lado de su pueblo y organizaciones sociales que no claudicarán hasta lograr la modificación de la Ley 195, en honor a nuestro compañero mártir Jonathan Quipe Vila”, declaró Nogales.

Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, afirmó que el Gobierno está en la obligación de atender el justo pedido de la UPEA y por la falta de atención oportuna ha derivado en la muerte de un estudiante, cuyo informe pericial presentado la tarde de ayer tampoco despeja todas las dudas.

“Están queriendo inculpar a un solo policía, pero no se toma en cuenta que todo esto se desarrolló en un contexto de responsabilidad política e institucional del Gobierno, y ahora quieren salvarse en base a mentiras (…) lo mínimo que debe hacer el viceministro de Régimen Interior José Luis Quiroga y el Comandante Regional de la Policía es renunciar”, dijo Albarracín.

Entretanto, el senador Óscar Ortiz, desde su cuenta de Twitter (@OscarOrtizA), también rebatió el último informe pericial formulado por el Ministerio de Gobierno señalando que de todo el hecho buscan culpar a un solo policía.

“Quieren culpar de todo a un policía (…) confirma que utilizan canicas para disparar contra manifestantes para después negar la responsabilidad del Gobierno. Quienes ordenaron disparar estas canicas son los verdaderos responsables y deben ser procesados por esto”, señala el senador.

En esta misma línea, el diputado Amílcar Barral afirmó que el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía demuestran un trabajo poco serio, tomando en cuenta que en días pasados dieron versiones distintas y acusaron a los estudiantes de causar el deceso de su compañero. En criterio del legislador “se encontró un culpable pero no al responsable”.

Según los legisladores, el Gobierno pretende cerrar el caso de forma rápida para dejar de lado una investigación imparcial porque la Policía actuó con una clara intención de encubrir a los responsables intelectuales.

Por su parte, el exvicepresidente del país, Victor Hugo Cárdenas, advirtió que se vulneraron los derechos humanos y constitucionales del subteniente inculpado, puesto que el Código Penal establece la presunción de inocencia de una determinada persona hasta que no cuente con una sentencia ejecutoriada. No obstante, el subteniente Casanova fue presentado como el único culpable.

 

“Estas autoridades Carlos Romero y Ramiro Guerrero se convirtieron en juez y parte, ellos investigan, sancionan y presentan al responsables de este deceso, esto demuestra que hay una irregularidad en el desarrollo de la investigación. No esperaron a que un juez emita una determinación”, señaló Cárdenas.

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