El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, rechazó este lunes que el Trópico de Cochabamba sea considerado una “tierra de nadie” y aseguró que sí existe presencia del Estado.

Sin embargo, advirtió que esa presencia es débil por influencia de “gobiernos paralelos” que operan mediante mecanismos de coerción, extorsión y control social.

“No estoy de acuerdo cuando dicen que (El Trópico) es una tierra de nadie, en definitiva. Allí existe presencia de Estado, puede resultar débil por los gobiernos paralelos que se han instaurado en esta región y que emplean la coerción, la coacción, la extorsión para mantener una disciplina en muchos casos alejada de la realidad”, afirmó Aguilera en una entrevista con Bolivia TV.

De acuerdo con su diagnóstico, esa estructura de poder local limita la acción institucional, en particular de la Policía Boliviana, especialmente en momentos de conflictividad social.

Explicó que, especialmente en el municipio de Chapare, por años se consolidó una forma de autonomía no oficial sustentada en sindicatos cocaleros y liderazgos políticos locales.

“Durante años el Trópico ha operado como una autonomía significativa. Hay sindicatos cocaleros y algunas figuras políticas, pero el área que tiene mayor trascendencia es Villa Tunari”, precisó.

En esta zona, recordó Aguilera, se desmantelaron más de 300 laboratorios de producción de cocaína y centros de maceración en los últimos años.

Este dato da cuenta de un “vacío de Estado” que, en su criterio, comenzó a revertirse en la presente gestión.

En este contexto, el Trópico de Cochabamba concentra una parte significativa de la producción de cocaína.

“Hay algunas estimaciones que dicen que hasta el 90% de esta sagrada hoja (de coca) se desvía al narcotráfico, lo que indudablemente genera un importante incremento de la violencia”, advirtió.

Aguilera también denunció que las estructuras sindicales dificultan el trabajo de las fuerzas del orden, al ejercer un control “opresivo” sobre las comunidades, lo que limita la cooperación con las autoridades.

Lamentó que, pese a los esfuerzos por incrementar la presencia policial en el Trópico, los gobiernos municipales de la zona niegan condiciones básicas para que la Policía pueda operar, como infraestructura, servicios o bases logísticas.

“Cuando se ha pretendido fortalecer la presencia de la unidad de Policía en el Trópico del Chapare, los gobiernos municipales niegan la dotación de instalaciones y las condiciones básicas de vida”, sostuvo, al señalar que esta resistencia institucional es parte del problema estructural.