El Ministerio Público de Oruro inició una investigación de oficio por una presunta red de corrupción al interior del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), en la que estarían implicados varios funcionarios públicos en la tramitación irregular de documentos de propiedad, utilizando incluso firmas de personas fallecidas.

“El Ministerio Público actuará con todo el rigor de la ley para establecer responsabilidades”, afirmó el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, quien confirmó que el caso está en etapa preliminar.

La denuncia fue expuesta públicamente por el vicepresidente del Concejo Municipal, Iván Quispe, quien presentó indicios de la posible comisión de delitos en procesos de regularización de bienes inmuebles.

Según la denuncia, algunos funcionarios habrían actuado como tramitadores ilegales, gestionando la legalización de propiedades con documentación presuntamente falsa, incluyendo el uso de firmas de personas fallecidas para simular autorizaciones o consentimientos en trámites de propiedad.

Los hechos están siendo analizados bajo posibles delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho, en el marco de un aparente esquema de cobros irregulares vinculados a trámites administrativos.

El Fiscal Departamental indicó que no se trata de un caso aislado ni de una sola funcionaria, sino de varios funcionarios públicos que habrían participado en los hechos, por lo que se ampliará la investigación para identificar a todos los responsables, tanto administrativos como penales.

Asimismo, Morales confirmó que se solicitará un informe oficial de la investigación interna realizada por la Alcaldía, cuyos resultados aún no fueron remitidos formalmente al Ministerio Público.

El Fiscal Departamental advirtió que, en caso de que la denuncia no sea formalizada, el proceso se continuará de oficio, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a quienes hayan incurrido en actos ilícitos.

Además de los delitos tipificados, el Ministerio Público también analiza un posible daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, dirigido por el alcalde Adhemar Wilcarani.