El gobierno de Argentina ha concedido asilo a la presunta víctima del expresidente Evo Morales, a quien involucran en el caso trata de personas agravada.

La decisión, confirmada por la Cancillería argentina, otorga protección a Cindy Sarai Vargas Pozo, de 26 años, a su madre, Idelsa Pozo Saavedra, de 59, y a la hija de Vargas, de 9 años.

La protección, formalizada el pasado 22 de agosto, se otorgó en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

La mujer, que ha sido identificada como víctima en el caso que investiga la Fiscalía de Tarija, solicitó el asilo diplomático en enero.

Una resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Argentina señala que se «reconoce a Cindy Sarai Vargas Pozo e Idelsa Pozo Saavedra… la condición de refugiados, en los términos de la Ley Nro. 26.165».

La Cancillería argentina respondió a una solicitud de información de la Fundación Apolo, una organización que actúa como querellante en el caso.

El abogado de la fundación, José Lucas Magioncalda, declaró que el testimonio de Vargas podría ser crucial para el caso. También añadió que el asilo representa un problema político para el actual gobierno de Bolivia, sugiriendo que la decisión está motivada por una «persecución… por el gobierno de Luis Arce» hacia la familia por no querer denunciar a Morales.