Las imágenes de personas armadas que fueron captadas durante los enfrentamientos en San Julián encendieron las alertas del Gobierno.

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, sostuvo que los hechos registrados en esa región de Santa Cruz ya no pueden interpretarse como una protesta social, sino como un alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.

La autoridad expresó su preocupación por la presencia de individuos que portaban armas de fuego durante el operativo del sábado para habilitar un corredor humanitario destinado al transporte de alimentos, combustibles, oxígeno y ambulancias.

“Eso de lo que se ha visto en las cámaras en San Julián es preocupante porque ya entra al Código Penal, porque eso se llama alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Ese grupo irregular que se ha visto en cámaras también son actos de terrorismo que están tipificados en el Código Penal”, afirmó.

Bascopé señaló que la intervención estatal buscaba restablecer el tránsito y evitar problemas de abastecimiento en distintas regiones del país. Indicó que las autoridades no preveían una respuesta armada por parte de quienes mantenían los puntos de bloqueo.

El ministro remarcó que la Constitución y las leyes reservan el uso de armas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. En ese contexto, cuestionó la presencia de presuntos francotiradores que fueron registrados por cámaras mientras realizaban disparos.

Según la autoridad, los hechos dejaron entre cinco y seis efectivos policiales heridos, una situación que calificó como “totalmente incomprensible”. Añadió que detrás de cada uniformado existen familias que también sufren las consecuencias de la violencia.

Bascopé recordó que los efectivos desplazados para el operativo no portaban armas de fuego. A partir de ese elemento, sostuvo que los grupos armados actuaron con una marcada desproporción y consideró que existió una preparación previa para atacar a las fuerzas del orden.

“El alzamiento armado y el terrorismo no tienen justificación porque están lastimando el orden constitucional y están desconociendo la democracia. Uno no entiende cómo es posible que se trate de abrir un corredor humanitario y nos estén recibiendo a balazos”, declaró.

En ese contexto, afirmó que el Estado tiene la obligación de resguardar la soberanía, la unidad nacional y el orden constitucional frente a acciones que, a criterio del Gobierno, buscan vulnerar la legalidad y poner en riesgo la seguridad de la población.