A tiempo de evaluar el proceso judicial contra la expresidante del Estado, Jeanine Añez Chávez, el representante de Human Rights Watch, César Muñoz, manifestó que la “falta de independencia de la Justicia en Bolivia es grave” y que este problema viene hace mucho tiempo, incluso desde la gestión de Evo Morales.

“En primer lugar, no hay claridad ni transparencia a la hora de designar jueces y fiscales, y a la hora de removerlos. En la época de Morales, documentamos casos de jueces que habían sido removidos de sus cargos sin una explicación.

Esa falta de estabilidad en el puesto significa que cuando ellos tienen que tomar una decisión es posible que estén pensando en su futuro profesional y no en la ley. Así, el estado de derecho y el debido proceso no están garantizados”, dijo Muñoz en entrevista con DW.

Muñoz explicó que el gobierno de Morales creó un contexto de debilidad estructural y de falta de independencia de la Justicia, pero cuando Añez podría haber impulsado una reforma, no lo hizo, sino al contrario continuó con las mismas prácticas de forma arbitraria.

Respecto al proceso contra Jeanine Añez, el investigador indicó que HRW tiene tres preocupaciones:

La primera preocupación es que Añez fue detenida en marzo de 2021 por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, pero HRW no ha encontado evidencia sobre ello.

La segunda es que a Añez no se le permitió estar presente físicamente durante el juicio, mientras que fiscales, abogados y otros sí podían asistir.

La tercera preocupación consiste en que los cargos por los que ha sido condenada, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, son tipos penales que están descritos de una forma muy vaga en la ley boliviana y también han sido usados en el pasado en casos con aparente motivación política.

Además, Muñoz expresó preocupación porque aún continúa en la impunidad las muertes de al menos 37 personas durante los conflictos de 2019, incluyendo 20 fallecidos en dos masacres.

Añez fue sentenciada por presuntas irregularidades en su asunción como presidenta de 2019, pero los casos Senkata-Sacaba aún no han sido juzgados, puesto que aún se debate si le corresponde un juicio ordinario o de responsabilidades.

El representante de HRW indicó que cualquier acusación que se refiera a hechos que ocurrieron durante la presidencia de Añez, tendría que ser aprobada por dos tercios de la Asamblea, es decir, en el procedimiento de juicio de responsabilidades.